El nuevo titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán a partir de este 1 de octubre, Luis Navarro García rechazó confirmar “una cifra formal” del boquete financiero que registra Michoacán y que el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla ha contabilizado en 50 mil millones de pesos.
Señaló que este número es producto de la suma de la deuda bancaria que arrastra el estado por casi 21 millones de pesos, el déficit de 13 mil millones, los adeudos al ISSSTE por 4 mil 800 mdp, así como al IMSS y fiscales, pero aseguró que como secretario necesita revisar primero la información de manera formal y en 15 días estaría en posibilidad de precisar un dato.
“Yo no quisiera dar una cifra, hoy por hoy muy formal, porque no conocemos realmente la situación financiera del estado, apenas el día de hoy, nos podremos sentar empezar a llevar a cabo, todo lo que es proceso de entrega-recepción de finanzas; finanzas no sé si por estrategia de ellos la dejaron hasta el final, la mayoría de las dependencias desde la semana pasada viene trabajando ya en lo que es la entrega-recepción”.
Precisó que hay cuentas de algunas dependencias que fueron entregadas con 600 pesos, es decir, ni el mínimo que exigen las instituciones bancarias para no generar una comisión, por lo que consideró que “están dejando al estado en una situación muy crítica financieramente”.
Navarro García, afirmó que tampoco tienen certeza del monto que se adeuda a proveedores, de tal manera que, de alrededor de 4 mil millones de pesos podría subir a 12 mil millones, por lo que consideró urgente el rescate financiero del estado y cerrar el año sin pendientes de pago a ningún trabajador.
No obstante, se dijo despreocupado de la deuda bancaria y no descartó buscar una reestructura, a fin de tener cerca de 400 millones de pesos extraordinarios al año.
“La deuda bancaria a mí no me preocupa porque se está pagando, y es una deuda que se está analizando inclusive si se puede reestructurar para llevarla a 20 años toda y nos pueda dar un oxígeno de alrededor de 400 mdp al año, pero todas esas cosas las estamos analizando y las vamos a ejecutar”.
Consideró que corresponderá a la Contraloría del estado determinar si es necesario llevar a cabo una auditoría a las finanzas estatales, pero de inicio, sugirió la revisión de las nóminas, para garantizar que no existan “nóminas infladas” o que se pague a quien no labora en gobierno; y el tema de la proveeduría, de tal manera que haya certeza de que se paga por un servicio que efectivamente se prestó.
