El Sindicato Único de Empleados y Trabajadores al Servicio del Municipio de Apatzingán (SUESMA) denunció la amenaza de despido de más de 300 integrantes del gremio, así como el cese de 33 empleados municipales, bajo el argumento de que participaron en una supuesta manifestación violenta, hecho que el gremio asegura fue una protesta pacífica y legal.
Durante su visita al Congreso de Michoacán, sindicalizados solicitaron la intervención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para frenar lo que consideran despidos injustificados, hostigamiento laboral y violaciones a los derechos de libre manifestación y asociación sindical, por parte de la presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo.
Román Bello, secretario de Trabajo, Conflictos y Escalafón del sindicato José María Morelos y Pavón (SUESMA), explicó que la protesta de “brazos caídos” realizada los días 4 y 5 de diciembre de 2025 tuvo como origen la retención ilegal de prestaciones laborales, como la caja de ahorro y las cuotas sindicales, sin que existiera violencia alguna.
“El motivo de nuestra venida al Congreso es tratar de entablar una conversación con el señor gobernador para cesar los despidos injustificados que hemos estado sufriendo en Apatzingán”, declaró el dirigente sindical, quien precisó que los 33 trabajadores despedidos cuentan con base laboral y pertenecen formalmente al sindicato.
Asimismo, advirtió que existe la amenaza de despedir a un total de 348 trabajadores sindicalizados si no se accede a entregar el contrato colectivo de trabajo y las condiciones generales conquistadas durante más de cuatro décadas de lucha sindical.
Entre los casos documentados se encuentra el de Alejandro Guzio Martínez, trabajador del área de Impuesto Predial, quien relató haber sido retirado de sus funciones el pasado 16 de enero bajo un clima de intimidación y presión por parte de funcionarios municipales y elementos de seguridad pública.
“Llegaron con seguridad pública y me dijeron que en ese momento dejaba de ser parte del ayuntamiento; querían que firmara mi renuncia y cuando me negué, me sacaron del edificio”, narró el trabajador, quien aseguró sentirse hostigado y víctima de múltiples irregularidades durante el proceso.
Guzio Martínez señaló que nunca incurrió en faltas administrativas y que incluso había sido advertido previamente, junto con otros compañeros, de la existencia de una lista de trabajadores que serían despedidos. Ese día, dijo, fueron cesadas 32 personas.
El sindicato reiteró que su principal exigencia es la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos, así como el respeto al contrato colectivo, advirtiendo que las acciones del ayuntamiento podrían derivar en laudos laborales millonarios que afectarían las finanzas municipales en futuras administraciones.
