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Acuerdan plazo de 2 meses para que la FGR analice si atrae la investigación de Arantepacua

Ciudad de México. Tras manifestarse en la Ciudad de México a 8 años de la incursión policial en la comunidad purépecha de Arantepacua, informaron que acordaron con la Fiscalía General de la República (FGR) un período de dos meses para que analice “las posibilidades de atraer el caso al fuero federal”.

Uno de sus representantes, explicó que la instancia federal explicó que se debe “fundamentar” de manera adecuada la determinación que se tome, por lo que al término de ese tiempo acudirá un representante a la comunidad para informar de manera directa su decisión.

“La Fiscalía General de la República manifestó su voluntad, su deseo de atraer el caso, pero señaló que es necesario fundamentar correctamente y jurídicamente bien esta facultad de atracción para que tenga un efecto de que posteriormente no sea el caso desestimado o desechado por un juez. Porque ustedes saben que lo que se haga en la Fiscalía posteriormente tendrá que ser evaluado por un juez cuando se ejerza acción penal contra alguien.”

Explicó que la FGR comprometió también que en caso de que determine que no hay condiciones para ejercer su derecho harán la notificación por escrito, para que puedan impugnarla.

En un comunicado, la comunidad argumentó que es necesaria “la intervención federal”, debido a que el actual Fiscal estatal, Adrián López Solís, era secretario de Gobierno cuando ocurrieron los hechos, el 5 de abril del 2017, por lo consideraron “ilegal e irracional” que tenga en sus manos las investigaciones.

Sobre la exigencia de la creación de una Comisión de la Verdad por parte del Poder Ejecutivo, la instancia se comprometió a impulsar trabajos interinstitucionales para documentar el sentir de las víctimas y crear un documento de memoria.

También se recordó que la CNDH emitió la Recomendación 42 VG/2020 y que el ataque a la comunidad dejó un doloroso saldo de 4 ejecuciones extrajudiciales (incluyendo la de un menor de edad), 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles y degradantes, 48 detenciones arbitrarias, 56 domicilios allanados, más de 70 de personas lesionadas. Un total de 213 víctimas directas y más de 1000 indirectas.

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