Pese a señalar que la Isla de La Palma está libre de conflictos agrarios, civiles y penales por la tenencia de la tierra, el director general del fideicomiso 406, que estuvo al frente de esa propiedad durante la administración pasada, César Erwin Sánchez Coria informó que a diario se promueven juicios, pero ya existen 9 sentencias que le dan la razón al gobierno estatal como propietario de los terrenos.
El actual titular del secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) explicó que todas las demandas están relacionadas con la tenencia de la tierra.
“La Isla se encuentra libre de cualquier asunto de tipo agrario, tipo civil, tipo penal, ya se encuentra en condiciones de ser transferida a la marina, está reguardada la isla desde el año 2016, no hay concesionarios, no hay avecindados no hay ejidatarios, hay algunos que otros juicios que a diario prácticamente se están iniciando pero se atenderán legalmente. “
En entrevista, el ex integrante de la administración de Silvano Aureoles Conejo explicó que la Isla se ha pagado 4 o 5 veces desde el año 2000 que se concretó la primera expropiación.
Además, aseguró que nunca se vendió, regaló o arrendó un solo metro cuadrado.
“No se vendió ningún metro cuadrado ni se regaló ni se arrendó, se está
Si se hablaba de que se había vendido a precios irrisorios, se había regalado a amigos, se había dado a empresarios y políticos, nada de eso”.
Tras la donación de los terrenos federales al estado, el Congreso de Michoacán aprobó 3 desincorporaciones de la Isla de la Palma:
La primera en noviembre del 2006, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel para donarlo al Fideicomiso 2112, para desarrollar un Recinto Fiscalizado Estratégico, Zona Franca.
La segunda, en junio del 2010, en la administración de Leonel Godoy Rangel, como titular del Ejecutivo Estatal, para el desarrollo de un Parque Industrial y la operación del Recinto Fiscalizado, en un plazo máximo de 3 años.
La tercera, en marzo del 2017, en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, para donar la totalidad de la Isla de la Palma y la parte norte de la Isla del Cayacal, para el establecimiento de una Zona Económica Especial
Sin embargo, tras la cancelación de este proyecto, en 2020 se reintegró al patrón de bienes estatal.
