No hay justicia, a 52 años de la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz, integrada por cinco personas desaparecidas entre 1974 y 1976 en la comunidad indígena de Tarejero, municipio de Zacapu: José de Jesús Guzmán Jiménez, Armando, Amafer, Solón y Venustiano Guzmán Cruz. De acuerdo con sus familiares, fueron detenidos por el Estado mexicano y, a más de medio siglo, el caso sigue sin una resolución definitiva.
Abdayán Guzmán Cruz, hijo y hermano de las víctimas, cuestionó que desde el poder se intente reducir el problema a una discusión política o estadística, cuando lo que existe, sostuvo, es una responsabilidad histórica del Estado mexicano.
“Debemos exigirle al gobierno mexicano, exigirle a la Presidencia, exigirle a la presidenta doctora Claudia, que para qué quería ser presidenta si no resuelve el problema. Andrés Manuel reconoció que hay crisis de desaparición forzada, reconoció y dijo que iba a resolver el problema; no lo hizo. Llegó la presidenta y ahora en este debate sobre la controversia de si hay o no hay desaparición forzada, inicialmente dijo que no. Esto no es un problema de estadísticas ni de sexenios, es un problema de crimen de Estado”, afirmó.
Durante la conferencia, los familiares denunciaron que el expediente del caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que el Estado mexicano ha seguido aplazando el proceso. Incluso precisaron que recientemente solicitó una tercera prórroga de tres meses, gestionada en febrero y que vencería en mayo, pese a que ya existiría un borrador de informe de fondo.
Sobre ello, Abdayán Guzmán Cruz acusó que la estrategia oficial ha sido retrasar el avance del caso en lugar de esclarecerlo. “El Estado mexicano nunca hasta este día ha controvertido los hechos; quiere decir que no niega que lo hizo, pero tampoco afirma que lo hizo, y nos dice que nosotros debemos esperar otros días más, otros meses más, otros años más, porque están investigando, porque están buscando. Pero no hay resultados. ¿Y por qué no hay resultados? Porque fue el Estado que lo hizo y no puede decir ‘yo lo hice’”, reclamó.
En el mismo tono, exigió que se dejen de postergar las resoluciones internacionales y que se abran completamente los archivos militares para conocer el destino de las víctimas. “Nuestra exigencia es muy clara: primero decir que sí hay desaparición forzada y, segundo, que la Comisión Interamericana ya no le dé más prórrogas al Estado y que ya mande el caso. Y también que se abran los archivos que tiene el Ejército mexicano, porque ahí hay tela de dónde cortar para buscar a mis hermanos”, sostuvo.
En su intervención, Graciela Guzmán Cruz, hermana de las víctimas, recordó que la búsqueda y la exigencia de justicia no han cesado en más de cinco décadas.
“A más de 52 años de que se los llevaron seguimos buscándolos, seguimos pidiendo verdad, seguimos pidiendo justicia y seguimos pidiendo memoria. No podemos olvidarlos porque de alguna forma estamos unidos a ellos, porque de alguna forma seguimos siendo su pensamiento, estamos hablando por ellos y estamos exigiendo justicia”, expresó.
Finalmente, los colectivos exigieron a la CIDH que ya no conceda más prórrogas al Estado mexicano, que emita el informe de fondo y remita el asunto, al sostener que la desaparición forzada no puede seguir enfrentándose desde la negación oficial.
