La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González se declaró “absolutamente impedida” para entregar la información solicitada por el presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, para completar la integración de la Comisión de Rectoría, que tendrá como responsabilidad designar a su sucesor o sucesora, de acuerdo a la reforma a los artículos transitorios de la Ley Orgánica de la Casa de Hidalgo, que aprobó el Poder Legislativo el pasado 3 de noviembre.
En respuesta al oficio que se le remitió, la también presidenta del Consejo Universitario aclaró que el legislador “carece de los atributos y competencias constitucionales reconocidas en la ley para dirigir mandamientos vinculantes o exigir la fiscalización de los procesos internos comiciales de esta Universidad”.
Precisó que, de igual forma, la Casa de Hidalgo no “puede prestarse a convalidar o allanarse a una pretensión que consumaría un acto de abierta deslealtad a los principios libertarios, de dignidad, legalidad y autogobierno bajo los cuales fue fundada y erigida”.
En el oficio enviado a la rectoría nicolaita el pasado 10 de noviembre, Gaona García explicó que las y los exrectores que serán integrantes de la Comisión de rectoría le solicitaron ser intermediario ante las autoridades nicolaitas para “hacerse llegar de la información necesaria para identificar y convocar a las personas que, conforme a la legislación aplicable, deben formar parte de dicha comisión”.
En consecuencia, solicitó la “colaboración institucional” de Yarabí Ávila para proporcione nombres completos, domicilios, números telefónicos y demás datos de contacto disponibles del decano de los directores de las escuelas, facultades e institutos de la Universidad y del profesores en activo, así como de la o el consejero universitario que haya obtenido el promedio de calificación más alto en el año lectivo anterior.
En el documento, el Congreso estableció que la información debía entregarse a más tardar este jueves 12 de noviembre a las 16:00 horas.
La respuesta llegó a la Mesa Directiva a las 15:27 horas, en un documento en el que la rectora explicó que el presidente del Congreso cometió una serie de ostensibles vicios e imprecisiones jurídicas en sus comunicaciones, al “arrogarse una supuesta e improcedente “intermediación oficiosa a petición de particulares”, para lo que invoca artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que se refiere a la gestión social de los diputados y a la representación judicial del Congreso.
Advirtió que la autonomía universitaria y el autogobierno están garantizados por la Constitución federal, la Carta Magna estatal y la Ley General de Educación; precisó que “pretender intervenirla mediante imposiciones parlamentarias o requerimientos conminatorios “desconoce más de cuatro siglos de dignidad nicolaita e ignora que la Casa de Hidalgo no es una dependencia subordinada del poder público”.
De igual forma, consideró que con su determinación de establecer un término perentorio y arbitrario de menos de 48 horas para dar respuesta a sus comunicados
pretende “coaccionar la entrega de datos personales de localización y expedientes confidenciales resguardados por el secreto institucional que nos impone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, pero además son irregularidades “que delatan el manifiesto ánimo de vulnerar la garantía institucional de autogobierno de la Casa de Hidalgo”.
Finalmente, lo convocó a que reserve sus empeños legislativos a seguir la encomienda de Morelos y se dedique a hacer leyes que moderen la opulencia y la indigencia “no para administrar trámites o ventilar discordias domésticas que corresponden al gobierno interno” de la Universidad Michoacana.
