Morelia, Michoacán.— La jueza de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Karla Cecilia Coello Contreras, denunció presuntas irregularidades y un trasfondo político en el procedimiento administrativo que la mantiene suspendida de sus funciones, luego de ser señalada por supuestamente solicitar 250 mil pesos para favorecer a una de las partes en un juicio familiar.
La juzgadora rechazó las acusaciones y aseguró que obtuvo una resolución de amparo favorable por las primeras suspensiones que le fueron impuestas.
Explicó que el procedimiento se originó a partir de una queja presentada por una de las partes de un expediente familiar, a la cual posteriormente se sumaron tres trabajadores del juzgado: la secretaria de Acuerdos Eréndira Sánchez Arbizu y los escribientes Fortino García Roque y Carmen García Reyes.
Según su versión, los señalamientos surgieron de comentarios atribuidos a una abogada litigante de Zinapécuaro, quien habría referido que la jueza, su esposo y otro abogado solicitaron dinero para favorecer al demandado. Coello Contreras negó estos hechos y sostuvo que el juicio concluyó mediante un convenio firmado por ambas partes y sus abogados, sin que existieran irregularidades en su actuación.
Detalló que fue suspendida inicialmente el 1 de junio de 2026 y que, tras una prórroga de la investigación, fue reincorporada en agosto. Sin embargo, el 2 de septiembre recibió la notificación de un informe de presunta responsabilidad administrativa que derivó en una nueva suspensión, vigente hasta que se resuelva el fondo del procedimiento.
Aseguró que promovió dos amparos contra las primeras suspensiones y que una resolución judicial le resultó favorable, al considerar irregular la forma en que se decretaron dichas medidas y ordenar la restitución de las percepciones que dejó de recibir. Asimismo, informó que presentó un nuevo amparo, identificado con el número 1246/2026, para impugnar su suspensión actual y la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa.
“Hay pruebas suficientes para acreditar que yo no incurría en ninguna falta administrativa”, sostuvo la juzgadora, quien acusó al magistrado José Alfredo Flores Vargas de haber admitido el informe de presunta responsabilidad sin la intervención de las tres magistraturas que, según su interpretación de la normativa, debían participar en esa determinación. También aseguró que previamente había denunciado posibles irregularidades en el funcionamiento del juzgado, entre ellas presuntas falsificaciones de firmas y omisiones de etapas procesales, sin que sus señalamientos fueran investigados adecuadamente.
Coello Contreras consideró que el procedimiento en su contra responde a intereses ajenos al ámbito jurídico. “Atrás de todo esto, hay un tema político, un tema político muy fuerte, es un tema de grupos políticos”, expresó.
Cuestionó que el Tribunal de Disciplina Judicial mantenga su separación del cargo sin una resolución definitiva sobre su responsabilidad y sostuvo que esta situación afecta su presunción de inocencia, sus derechos laborales y su imagen pública.
