Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores indefinido en todo el país, en rechazo al nuevo proceso de evaluación del desempeño, al considerar que el esquema puede afectar sus derechos laborales y la estabilidad de quienes cuentan con una plaza de base.
En Michoacán, la delegada del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Nélida Elvira Ríos, informó que de alrededor de mil trabajadores de 22 órganos jurisdiccionales de la entidad, entre juzgados, tribunales colegiados y tribunales laborales y mercantiles, 600 cuentan con una plaza.
La inconformidad surgió tras la publicación, este 5 de noviembre, del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial. Los trabajadores cuestionan los criterios que contempla el nuevo esquema, pues consideran que algunas valoraciones pueden depender de apreciaciones subjetivas de titulares y compañeros, en lugar de centrarse en los conocimientos y capacidades de cada persona.
La delegada aclaró que los trabajadores no rechazan que se evalúe su desempeño, sino la manera en que se pretende realizar el procedimiento. Señaló que quienes integran la carrera judicial ya acreditaron exámenes y procesos para ingresar a sus puestos, por lo que consideran necesario que reciban capacitación antes de someterse a nuevas evaluaciones.
“Claro que estamos de acuerdo con las evaluaciones siempre y cuando no sean punitivas, siempre y cuando no nos quiten nuestra estabilidad laboral, la cual siempre estamos evaluándonos constantemente, estamos sometidos a exámenes. No nos oponemos a la evaluación, el problema es cómo lo quieren hacer”
Los trabajadores plantean que las evaluaciones se concentren en los conocimientos del personal, que exista capacitación previa y que no se utilicen calificaciones o valoraciones subjetivas para determinar su permanencia laboral. También sostienen que sus derechos adquiridos deben respetarse, pues aseguran que el personal de base obtuvo sus nombramientos mediante los procedimientos establecidos.
La suspensión de actividades comprende a trabajadores de distintos órganos jurisdiccionales de Michoacán, incluidos los ubicados en Uruapan y el Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Apatzingán.
Pese al paro, los trabajadores mantendrán la atención de asuntos urgentes relacionados con materias penal y de salud. Sin embargo, reconocieron que la suspensión de otras actividades puede afectar temporalmente el servicio de impartición de justicia y a las personas que acuden a los juzgados y tribunales.
En un comunicado, el Órgano de Administración Judicial aclaró que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que sus resultados no implicarán aprobación o reprobación ni tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.
