Morelia, Michoacán.— Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que protestan por un aumento salarial y estabilidad laboral recibieron citatorios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y reportaron presencia policial en las instalaciones de Morelia y Uruapan, informó Nélida Elvira Ríos, delegada del Sindicato Renovación del Poder Judicial de la Federación en Michoacán.
La representante expresó preocupación por su seguridad y sus empleos, aunque precisó que los citatorios recibidos son en calidad de testigos.
“El día viernes nos mandaron a la fuerza pública, estuvieron ahí los granaderos, tanto en el edificio de Uruapan como aquí en Morelia. Toda la semana tuvimos la visita de los granaderos”, sostuvo. Según su testimonio, los elementos fueron retirados el día de la entrevista, después de que los trabajadores denunciaran su presencia y exigieran respeto a su derecho a manifestarse.
Elvira Ríos señaló que les informaron sobre carpetas de investigación relacionadas con el cierre de los edificios, pero reconoció que desconocen su contenido y los posibles delitos investigados. “Es que no sabemos cómo estén integradas las carpetas. Todavía no nos dicen. A mí me llegó apenas un citatorio donde me piden que me presente a la fiscalía, pero en calidad de testigo”, explicó. Añadió que otros compañeros recibieron citatorios en la misma calidad y que, hasta ese momento, no les habían levantado actas administrativas.
La delegada aseguró que las movilizaciones se han realizado sin destrozos ni bloqueos de calles o avenidas. La protesta comprende seis edificios en Morelia y uno en Uruapan, donde, afirmó, continúa la atención de asuntos urgentes relacionados con salud, desaparición forzada y materia penal, pese a la suspensión de las actividades ordinarias.
Los trabajadores demandan un aumento salarial digno, pues, según la representante, han recibido incrementos de entre 1.5 y 2.5 por ciento. También rechazan posibles cambios de adscripción por decisión de los titulares o del Órgano de Administración Judicial y cuestionan las consecuencias laborales de las evaluaciones anunciadas, aunque aclaró que no se oponen a ser examinados.
Elvira Ríos informó que mantienen acercamientos con dicho órgano y que retomarían las actividades ordinarias si se atienden sus peticiones.
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