Morelia, Michoacán.— Por segunda ocasión, el Congreso de Michoacán aprobó una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ahora con 27 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, luego de una discusión marcada por confrontaciones entre legisladores de Morena y el PRI sobre las cifras de desapariciones y las responsabilidades de los gobiernos anteriores.
La legislación deberá ser publicada por el Ejecutivo estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, para que pueda entrar en vigor, después de que una primera ley, aprobada en 2023, nunca fue publicada por la actual administración estatal.
El antecedente se remonta al 11 de octubre de 2023, cuando la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad el Decreto Legislativo 459, mediante el cual se expedía la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán. Sin embargo, el 9 de noviembre de ese mismo año, el Ejecutivo estatal devolvió el decreto al Poder Legislativo con observaciones, sin que posteriormente se concretara su publicación en el Periódico Oficial.
La nueva legislación contempla la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, mecanismos de coordinación entre autoridades estatales, municipales y comunales, la activación de una Alerta Estatal de Búsqueda, así como registros de personas desaparecidas y herramientas de identificación forense. Establece la obligación de iniciar las búsquedas de manera inmediata, sin esperar plazos ni condicionar las acciones a la presentación de una denuncia, además de reconocer la participación de familiares y colectivos buscadores en los procedimientos y fortalecer las medidas de protección y atención a las víctimas.
Durante la discusión, el diputado priista Guillermo Valencia Reyes cuestionó que se atribuyera la responsabilidad de las desapariciones únicamente a los gobiernos anteriores y comparó las cifras de los sexenios de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, al señalar que durante el primero se registraron 17 mil personas desaparecidas, frente a 52 mil durante el segundo.
Advirtió que la aprobación de leyes no garantiza resultados si estas no se aplican. “Yo en ningún momento descalifiqué la ley. Yo dije, repito, toda ley se convierte en letra muerta si no se aplica”, expresó. Agregó que esperaba estar equivocado y que la legislación contribuyera a detener la crisis de desapariciones.
En respuesta, la diputada Giulianna Bugarini Torres rechazó que se descalificara el trabajo legislativo y defendió el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, en el que participaron colectivos y familias buscadoras. “Hoy la ley cumple funciones de protección, de acceso a la justicia y derecho a las víctimas que no existirían sin este documento, sin este dictamen que vamos a votar el día de hoy”, sostuvo.
Señaló que las leyes permiten fortalecer instituciones, establecer mecanismos de protección y aprobar presupuestos para atender la problemática, además de cuestionar que se afirmara que las leyes no sirven cuando precisamente corresponde al Congreso construir las herramientas jurídicas para atender las demandas sociales.
Por su parte, la diputada Vanessa Caratachea reconoció el trabajo de la Comisión de Justicia y consideró que la aprobación representa el cumplimiento de una deuda pendiente con las familias buscadoras.
“Todas las leyes son perfectibles, ninguna es perfecta y se va modificando a través del tiempo, atendiendo a las necesidades sociales”, expresó. Asimismo, rechazó que el intercambio de posturas constituyera una politización del tema, al señalar que el Congreso es un espacio de debate y que las diferentes fuerzas políticas coincidían en la necesidad de aprobar la legislación ante el dolor de quienes desconocen el paradero de sus familiares.
El diputado Juan Pablo Celis Silva también intervino para cuestionar a los partidos de oposición, a cuyos representantes calificó de “carroñeros”, al considerar que pretendían convertir la discusión en una confrontación sobre responsabilidades políticas. Señaló que las madres buscadoras acudieron al Congreso para obtener soluciones y no para escuchar disputas sobre qué gobierno registró más desapariciones. “Hay que ponernos a trabajar todos juntos y juntas y darle respuesta a estas familias”, manifestó. Insistió en que el Estado debe asumir su responsabilidad, eliminar obstáculos burocráticos y proporcionar herramientas para evitar que las familias continúen realizando las búsquedas sin acompañamiento institucional.
En su intervención, el diputado Baltazar Gaona también defendió el dictamen y reconoció el trabajo de la Comisión de Justicia, al considerar que permitirá una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de localizar personas desaparecidas. “Hoy en día estamos tratando de resolver problemas y muestra de eso es el excelente trabajo que ha hecho la Comisión de Justicia con esta ley novedosa que busca generar una coordinación, una perfecta coordinación entre varias instituciones para trabajar de manera armoniosa”, expresó.
Ante la prolongación del debate, la presidenta de la Comisión de Justicia, Anabet Franco Carrizales, solicitó concluir las intervenciones y proceder a la votación por respeto a las madres buscadoras presentes en el recinto. “Ya todos comentamos que estamos a favor y por el respeto a las mamás, yo sí le pido de verdad, presidente, que ya retome la votación”, manifestó. En tanto, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla recordó las dificultades que enfrentan las familias para conseguir apoyo institucional. “A mí me consta cómo ruegan por solicitar apoyo para ir a buscar a sus seres queridos y poderlos encontrar”, expresó al respaldar la legislación.
Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de los 27 legisladores presentes. De acuerdo con sus artículos transitorios, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, mientras que el Sistema Estatal de Búsqueda deberá instalarse dentro de los siguientes 30 días. Además, el Ejecutivo contará con 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor, para expedir su reglamento
