El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) recibió 184 medios de impugnación entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, de los cuales 159 estaban resueltos al cierre del periodo y la totalidad al 12 de octubre, informó su presidenta, Amelie Giselle Navarro Lepe. Durante su informe anual de actividades, detalló que en nueve de los 15 procedimientos por violencia política por razón de género se acreditó su existencia.
“Porque en el tribunal damos seguimiento a que se ejecuten nuestras sentencias. Y ello nos implica que en un expediente, además de la resolución principal, tengamos varios acuerdos plenarios de cumplimiento o de incumplimiento. Buscamos que se haga efectivo el derecho que nuestra sentencia se ordena garantizar”, señaló durante la sesión solemne.
Del total de asuntos recibidos, 133 correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 21 a recursos de apelación, 15 a procedimientos por violencia política de género, 11 a otros procedimientos especiales sancionadores, tres a asuntos especiales y uno a una excitativa de justicia. La actividad jurisdiccional generó 339 determinaciones: 162 sentencias, 132 acuerdos plenarios y 45 resoluciones incidentales.
Respecto de la revisión federal, Navarro Lepe reportó 76 asuntos impugnados: cinco ante la Sala Superior, todos confirmados, y 71 ante la Sala Regional Toluca. De estos últimos, 63 fueron confirmados, seis revocados, uno modificado y otro permanecía pendiente de resolución. Añadió que una parte importante de las controversias estuvo relacionada con obstáculos para ejercer cargos públicos, como la falta de acceso a información, convocatorias a sesiones y remuneraciones.
“Estas decisiones dan cuenta de la diversidad de controversias que atiende el Tribunal Electoral y que no únicamente revisamos las elecciones, sino todo aquello que incide en los derechos político-electorales de la ciudadanía”, expresó.
La magistrada también informó sobre resoluciones vinculadas con el autogobierno indígena, la elección de autoridades comunitarias y la administración directa de recursos.
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