La renuncia de Carlos Torres Piña a la Fiscalía General del estado (FGE) no surtirá efectos jurídicos mientras no sea discutida y aprobada por el Congreso de Michoacán, debido a que la legislación establece que corresponde al Poder Legislativo resolver si acepta o rechaza su separación definitiva del cargo.
El actual coordinador estatal por la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, presentó este viernes de manera formal su renuncia al cargo, al vencerse la segunda licencia que autorizó el Legislativo.
El artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía señala que las licencias y renuncias solicitadas por el fiscal general deben ser resueltas por el Congreso y precisa que “las renuncias sólo podrán ser aceptadas por causas justificadas”. Esta facultad también se encuentra prevista en el artículo 44, fracción XXXVII, de la Constitución estatal.
Una vez que el pleno apruebe la solicitud, se configurará formalmente la ausencia definitiva y el Congreso deberá iniciar el procedimiento constitucional para designar al nuevo fiscal. Mientras concluye el proceso, la persona titular de la Vicefiscalía designada como coordinadora quedará encargada del despacho de la institución.
Posteriormente, el Congreso deberá aprobar y publicar una convocatoria, revisar los perfiles registrados y seleccionar una lista de diez aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales. Entre estos se encuentran tener al menos 35 años, contar con título de licenciatura en Derecho, acreditar diez años de ejercicio profesional y tener una residencia mínima de tres años en Michoacán.
La lista será enviada al gobernador en turno, quien contará con un plazo máximo de diez días para integrar una terna y remitirla al Legislativo. Si el mandatario estatal no presenta las propuestas dentro de ese periodo, será el propio Congreso el que conforme la terna.
De las tres personas propuestas, el Pleno elegirá al nuevo fiscal con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes, equivalente a por lo menos 27 de los 40 diputados. Si ninguno de los perfiles alcanza esa mayoría después de dos votaciones, se solicitará al gobernador una nueva terna, integrada con personas de la lista original.
La persona elegida luego de ese proceso rendirá protesta ante el Congreso y permanecerá nueve años al frente de la Fiscalía General del estado, sin posibilidad de reelección.
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