Morelia, Mich.- A casi dos meses de haber recibido amenazas de muerte en Uruapan, Luis Manuel Soto Sanabria, presidente de la Fundación Soto Sanabria y defensor de derechos humanos, acusó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha incumplido una resolución de un juez de control que ordenó otorgarle medidas de protección, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE), sostuvo, tampoco ha logrado garantizar su seguridad.
Soto Sanabria acudió este miércoles a la Fiscalía para ampliar su denuncia por las presuntas omisiones de las autoridades. Explicó que desde el pasado 14 de agosto existe una resolución judicial para que se le brinden medidas de protección y que la propia Fiscalía ha enviado requerimientos a la SSP, sin que hasta ahora se hayan concretado. “Cabe mencionar que ya llevamos dos meses, yo no sé si ellos están esperando a que suceda algo o que pase algo que ya sea irreparable en mi persona”, advirtió.
El activista relató que el 3 de julio recibió una amenaza en Plaza 500, en Uruapan, donde le dejaron una cruz fúnebre acompañada de un mensaje intimidatorio. Aseguró que posteriormente ha seguido recibiendo amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes, además de que existen antecedentes de extorsiones y de un hecho ocurrido en enero de 2024, cuando, afirmó, fue privado de la libertad con la intención de extorsionarlo y despojarlo de huertas.
Señaló que un juez también ordenó proporcionar las grabaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Plaza 500, pero hasta ahora no cuentan con ese material. Criticó que, pese a los reiterados llamados oficiales para que las víctimas de extorsión denuncien, los procedimientos sean lentos y no estén acompañados de protección efectiva.
“Yo no estoy pidiendo privilegios, simplemente estoy pidiendo que como servidores públicos atiendan a nosotros los defensores de los derechos humanos porque estamos en riesgo, nuestra vida corre peligro”, expresó.
Soto Sanabria aseguró haberse reunido con el vicefiscal encargado del despacho, Israel, así como con otros funcionarios de la Fiscalía, quienes se han comprometido a dar seguimiento a su caso, pero consideró que hasta ahora únicamente se han acumulado oficios y trámites. “Dicen: ‘le estamos dando seguimiento, le estamos dando seguimiento’, pero mientras le estamos dando seguimiento, me pueden matar”, reprochó.
Finalmente, hizo un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a las autoridades estatales para revisar la actuación de la Guardia Civil y la Fiscalía. Advirtió que, de continuar sin una respuesta, solicitará la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, además de valorar acudir a instancias federales para que la investigación sea atraída por la Federación.
