Morelia, Michoacán.— Comunidades indígenas del oriente de Michoacán anunciaron que, a partir del próximo lunes o martes, bloquearán carreteras federales y tomarán las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de manera indefinida, ante el incumplimiento de acuerdos para investigar la presunta contaminación del agua y el aumento de enfermedades renales en la región.
Pável Uliánov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), informó que las movilizaciones continuarán hasta obtener una respuesta de las autoridades o una propuesta concreta de diálogo. “Son vías federales, es lo que podemos decir. Estamos pensando que sea de manera inmediata el próximo lunes o, más tardar, el día martes que viene. Son vías federales y también instituciones de la propia CFE, ya sea en la geotermoeléctrica o en sus instalaciones en Morelia”, explicó.
Precisó que no revelarán anticipadamente los puntos exactos de los bloqueos, debido a que en ocasiones anteriores las autoridades enviaron cuerpos policiales antes de que comenzaran las protestas. “Sería de manera indefinida hasta que obtengamos alguna respuesta o propuesta de diálogo. Nosotros no estamos cerrados al diálogo; los que están cerrados al diálogo son ellos, los que no dan permiso para entrar a instalaciones son ellos, los que no acuden a las citas que ellos mismos minutan son ellos”, sostuvo.
El vocero explicó que el miércoles 19 de agosto estaba programada una inspección en las instalaciones de la Geotermoeléctrica Los Azufres, previamente acordada en el Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública. Sin embargo, aseguró que funcionarios de la CFE no se presentaron ni autorizaron el ingreso.
“Ante esto, en primer lugar, denunciamos públicamente la cerrazón de la CFE y el incumplimiento de los acuerdos minutados, así como la falta de sensibilidad e indiferencia total de su directora general, Emilia Esther Calleja Alor, que, pese a existir una grave crisis ambiental y de salud en el oriente de Michoacán, se ha negado sistemáticamente a atender directamente la problemática que afecta a decenas de pueblos y comunidades”, señaló.
Guzmán Macario también acusó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de no generar las condiciones necesarias para realizar la inspección. “Por la cerrazón, por la incapacidad, por la complicidad y por el incumplimiento de los acuerdos, no nos dejan otro camino que movilizarnos mediante la toma de carreteras e instalaciones de la CFE. Nuestra lucha es por la salud, el medio ambiente y la vida”, afirmó.
De acuerdo con el pronunciamiento, en los últimos 15 informes de impacto ambiental presentados por la CFE, correspondientes al periodo de 2020 a 2025, no aparecen estudios sobre el agua de los manantiales, la calidad del aire ni los suelos y cultivos de las comunidades cercanas. “En pocas palabras, ni la CFE ni el Estado mexicano realmente han realizado estudios o análisis de impacto ambiental directamente en las comunidades. Los que existen únicamente se han centrado dentro de las instalaciones de la geotermoeléctrica”, agregó.
Germán Martínez Figueroa, consejero general de la comunidad de San Matías el Grande, aclaró que las comunidades no buscan el cierre de la planta, sino conocer las causas del incremento de enfermedades renales y obtener la reparación de los daños. “Quisiera iniciar diciendo y dejando claro que no es nuestro objetivo ni es una intención, por ejemplo, que Comisión Federal quite su planta ni nada de eso, que quede clara esa parte”, expresó.
El representante comunitario solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las autoridades con facultades para resolver el conflicto. “Simplemente queremos respuestas, queremos reparación del daño y, como comunidades, vamos a estar insistiendo hasta el último momento. Si fuese necesario, ya vamos a estar presentando, aparte de las movilizaciones, el tema legal para que quien sea responsable de esta situación pueda hacerse cargo de la misma”, advirtió.
Pedro Corona Chávez, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, explicó que la visita técnica tenía como propósito mostrar a los inspectores los lugares en los que existen indicios de fugas y emisión de fluidos, así como corrientes con características de agua ácida. “Podríamos decir que la planta geotérmica, como una industria extractiva, ha funcionado básicamente sin ninguna demostración de no impacto ambiental. Los informes que han presentado de cumplimiento y que han sido, de alguna manera, validados por Semarnat y Profepa no lo demuestran”, indicó.
Mario García, habitante originario de Ciudad Hidalgo, señaló que la aparición de enfermedades renales se intensificó desde la década de 1990 y actualmente afecta a personas de todas las edades. “Antes veíamos el caso solamente en gente mayor de edad y eran problemas renales en gente de edad avanzada. No había, como ahora, el problema renal en todas las edades: niñas, niños, jóvenes, adultos, de todas las edades y de todos los sexos. Tenemos un problema renal sumamente grave”, manifestó.
Ante la falta de estudios concluyentes, hizo un llamado a los habitantes de la región para que tengan precaución con el consumo de agua proveniente de manantiales. “No sabemos hasta ahorita cuántos sí y cuántos no están contaminados con metales pesados que generan un problema renal grave”, puntualizó.
Por su parte, Roque Martínez Hernández, consejero de San Matías el Grande, afirmó que, de cerca de 10 minutas firmadas desde febrero, se ha cumplido aproximadamente el 20 por ciento. “Hay muchas interrogantes y cero respuestas. En las mesas de trabajo que hemos estado con ellos, nosotros, como comunidades, hemos cuestionado por qué Profepa y por qué Semarnat han validado estos informes que ha presentado la CFE, donde están carentes de estudios y de información”, declaró.
Entre los compromisos pendientes mencionó la realización de una campaña de detección temprana, estudios en los manantiales, la instalación de filtros adecuados y la habilitación de unidades de hemodiálisis para atender a los enfermos de las comunidades.
El consejero indicó que solamente en San Matías el Grande existen alrededor de 50 personas con enfermedades renales, mientras que en San Pedro la cifra se aproxima a 100. Además, señaló que el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo no cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda de hemodiálisis.
Finalmente, informó que durante 2026 han fallecido dos personas en San Matías el Grande y alrededor de ocho en San Pedro por esta enfermedad
