Comunidades de Apatzingán, “el paso de la muerte” para los desplazados por la violencia

Dronazos y balas de grueso calibre impactaron la noche del 5 de mayo del 2026 en las viviendas construidas de madera y techo de lámina en la comunidad de El Guayabo, a sólo 17 kilómetros de la cabecera municipal de Apatzingán; en el cuarto había 5 niños y un adulto mayor que de milagro salvaron la vida, aunque los fragmentos de metal cortante alcanzaron a una menor y a su madre.

Civiles armados se enfrentaron durante horas mientras la familia se refugió en el baño, única construcción de concreto; una mujer relata desde el anonimato lo ocurrido, mientras señala las paredes semidestruidas por los orificios de los explosivos.

En las últimas semanas, al menos 3 minas improvisadas explotaron cuando habitantes de la localidad cruzaban por el único camino que la comunica con el resto del municipio; son colocadas por grupos de criminales: los templarios y los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mina explotó y “se desbarató todo lo de adentro”.

Este hombre salió del Guayabo con su esposa cerca de las 4:00 de la mañana, cuando la mina estalló a 1 kilómetro y medio de la localidad; el explosivo improvisado pegó en la llanta y prácticamente desapareció parte de la camioneta.

“Por un milagro de Dios” salvó la vida prácticamente sin lesiones, aunque se le reventó el tímpano.

Dos horas después otra mina explotó a 150 metros de la primera cuando un auto pasó por encima; uno de sus ocupantes perdió una extremidad y tuvo afectaciones en un ojo.

De acuerdo al testimonio de sus habitantes, durante años en El Guayabo se dedicaron a la siembra del melón y luego al corte del limón, pero la llegada de la delincuencia “cerró” prácticamente el tránsito para esa zona desde el 2025 y sus caminos son considerados “el paso de la muerte”

Habitante El Guayabo: “Hay quienes estamos en el paso de la muerte, va caminando uno y no sabe a qué hora va a tronar.”

Periodista: “¿Ha pensado en irse de aquí?”

Habitante El Guayabo: “No me quiero ir de aquí, en otro lado no sabe uno”.

Esta es la realidad de al menos 14 comunidades rurales del municipio de Apatzingán que viven bajo el asedio de los civiles armados que pretenden tomar control de cada zona y que han logrado desplazar prácticamente a los habitantes de El Alcalde, Cueramato y Loma de Los Hoyos, ante el riesgo que representan las minas que son colocadas no solo en los caminos sino en las huertas de limón.

Obtener los testimonios de las víctimas de esta “guerra” implicó transitar por vías de comunicación prácticamente desiertas, ante el riesgo de activar una mina o encontrar a alguno de los integrantes de estas organizaciones criminales que se mantienen vigilantes.

El recorrido fue guiado por la regidora de Morena, Carmen Zepeda Ontíveros, prácticamente la única persona que se traslada constantemente a estas comunidades, donde sus pocos habitantes la esperan con ansia, ya que lleva no solo víveres e insumos, sino esperanza y apoyo ante la omisión de las autoridades para atender este problema.

En El Guayabo, el grupo de habitantes espera en el acceso a la comunidad, donde a diario y a toda hora escuchan ruido de explosiones y de balaceras que se registran a la distancia.

“Todos los días truenan”, es la afirmación generalizada de hombres y mujeres que conviven a diario con la violencia, “no sabemos a qué hora nos va a tocar”.

Estos lugares no conocen de la presencia de autoridad alguna, aunque hay una base del Ejército Mexicano a escasos pasos de donde nos encontramos; sólo se observa un soldado, unos bultos que sirven de trinchera y la ropa recién lavada de los militares tendida en el frente.

Ningún gobernador, alcalde, mucho menos un presidente de la República ha pisado esta tierra agreste, en la que prácticamente “no se puede andar” ante el temor de los explosivos, por lo que sus habitantes exigen una limpia.

Apatzingán, un Estado fallido.

Un recipiente de plástico con decenas de casquillos de grueso calibre, algunos calibre .50 conocidos como Barret, dan prueba del poderío que tienen los grupos criminales que pretenden apoderarse de la zona rural de Apatzingán; los artefactos fueron recolectados por Carmen Zepeda tras uno de los numerosos enfrentamientos armados y ahora los mantiene en el centro de la mesa en la que trabaja a diario.

Egresada de la Normal de Arteaga y Licenciada en Literatura, ha trabajado durante más de 30 años con los sectores vulnerables; actual regidora morenista, señala que Apatzingán reúne todos los requisitos de un Estado fallido, en el que “han crecido, han dominado y han sido hegemónicos diversos grupos criminales”.

Tras años de trabajo en tierra, asegura tener los elementos suficientes para señalar que no fue la guerra que declaró al crimen organizado el panista Felipe Calderón Hinojosa la que detonó la lucha intestina entre delincuentes, sino la llegada del Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, enviado por el priista Enrique Peña Nieto, quien levanta a los grupos paramilitares y premia a delincuentes como José Manuel Mireles Valverde.

Títulos de propiedad resguardados en SAGARPA a nombre del Virrey”, prueban los abusos que cometieron en la zona, donde despojaron a decenas de propietarios, que luego fueron presentados como delincuentes y encarcelados.

“Alfredo Castillo se fue de aquí siendo dueño de grandes extensiones de aguacate, y lo pudimos comprobar en la SAGARPA, ahí aparecían títulos de propiedad a nombre de él como aguacatero, de él, de Alfredo Castillo, y de gente que vino con él”, señala la regidora.

La función de Alfredo Castillo habría sido romper con la hegemonía que mantenían Los Caballeros Templarios en la región y lo logra con el abatimiento de Nazario Moreno en marzo del 2014, con lo que se acabó el mito de que “El Chayo” había muerto en 2010.

Carmen Zepeda relata que tras la muerte de Nazario Moreno, la delincuencia se fragmentó y nacieron muchas células delictivas que se mantienen en pugna hasta la actualidad mientras que las fuerzas armadas enfrentan una descomposición “terrible”.

Aunque camiones militares y de la Guardia Civil transitan por calles y avenidas de la cabecera municipal, los testimonios de los desplazados por la violencia coinciden en que ningún soldado ni Guardia Civil responde a una petición de ayuda, “no tenemos la indicación” es su respuesta.

Para los desplazados no hay tregua, los drones, los balazos y la presencia de grupos armados es cosa de todos los días, sin autoridad que los protege o vele por sus intereses, para ellos solo les queda aferrarse a su fe y a Dios.

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