Morelia, Michoacán.— Los estudios realizados en comunidades del oriente de Michoacán detectaron elementos potencialmente tóxicos en manantiales de los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Queréndaro, así como deficiencias en la operación de la planta geotérmica de Los Azufres, informó Pedro Corona Chávez, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
El responsable del proyecto de investigación, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y el Gobierno de Michoacán, explicó que la revisión de 15 informes presentados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE( ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) permitió confirmar indicios de impacto ambiental identificados desde hace tres años y medio.
De acuerdo con los resultados, 35 por ciento de los manantiales muestreados en el municipio de Hidalgo presentaron niveles de toxicidad de media a alta, mientras que en Zinapécuaro el porcentaje alcanzó 55 por ciento. En Queréndaro también se identificó coincidencia territorial con la zona de afectación, aunque el investigador no precisó un porcentaje específico para ese municipio.
“Lo que nosotros encontramos es un gran porcentaje de manantiales con elementos potencialmente tóxicos. El 35 por ciento de los manantiales del municipio de Hidalgo que nosotros colectamos presentan de media a alta toxicidad. En Zinapécuaro sube hasta 55 por ciento de los manantiales y alrededor de los municipios circundantes se reduce esta estadística, pero coincide perfectamente con municipios como Queréndaro, Zinapécuaro e Hidalgo”, explicó.
Corona Chávez sostuvo que las plantas geotérmicas generan distintos niveles de impacto ambiental y, por ello, deben ser vigiladas en sus emisiones de gases a la atmósfera, las pérdidas de fluidos hacia ríos y acuíferos, el manejo de residuos peligrosos y los procesos de extracción e inyección de fluidos geotérmicos.
“Nos encontramos que efectivamente tenemos todas las evidencias con este proyecto de investigación y que, desafortunadamente, estos elementos fundamentales de impacto ambiental han sido validados de manera bastante burocrática, protocolaria, incluso con repetición de copiar y pegar en estos informes anuales”, señaló.
El investigador indicó que el estudio también generó información sobre la edad de las personas enfermas de los riñones en la región. Más de 50 por ciento de los casos identificados corresponde a personas menores de 30 años, condición que, explicó, se relaciona con una enfermedad renal crónica de origen no determinado y que no puede atribuirse directamente a padecimientos como diabetes o hipertensión.
“Más del 50 por ciento de los enfermos son menores de 30 años. Esto implica que haya una relación con una enfermedad renal crónica de origen no determinado, que es el medio ambiente generalmente. No se puede atribuir a otra patología”, expuso.
Corona Chávez aclaró que establecer científicamente una relación causal directa entre la operación de la planta y los padecimientos renales requeriría un proyecto de investigación más amplio. Sin embargo, consideró que la presencia de manantiales potencialmente tóxicos, las pérdidas de emisiones y las fallas de operación constituyen elementos para sostener que el problema de salud pública tiene una relación con el impacto ambiental y no únicamente con hábitos de consumo u otras enfermedades.
“Tenemos clara evidencia de que la planta geotérmica tiene defectos de operación, tiene pérdidas de emisión y tiene una clara responsabilidad que debería ser cuidada y validada por SEMARNAT y PROFEPA. La causal directa con la enfermedad sería motivo de un proyecto de investigación mucho más amplio, pero es evidente que, si tenemos manantiales potencialmente tóxicos, resulta casi inmediato considerar que existe una responsabilidad”, puntualizó.
El investigador planteó que las autoridades deben establecer un monitoreo permanente de la calidad del agua, realizar muestreos al menos una o dos veces al año y verificar que la Comisión Federal de Electricidad opere conforme a la legislación ambiental.
“La comunidad ha sido muy prudente, nunca ha pedido que se retire la planta. Se pide que opere como debe ser, que se apegue a la legislación ambiental y que se dé certidumbre a las comunidades para el consumo del agua que tienen”, concluyó.
