Morelia, Michoacán.— El Congreso de Michoacán no iniciará la reparación de las puertas y ventanas dañadas durante una protesta en Palacio Legislativo hasta que la Fiscalía General del estado (FGE) convoque a una conciliación y se establezca qué porcentaje del presupuesto de un millón 200 mil pesos deberán cubrir los funcionarios de Uruapan vinculados al Movimiento del Sombrero, adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García.
El diputado local del Partido del Trabajo (PT) aclaró que esa cantidad corresponde a la restauración total de las ventanas y de la puerta principal de Palacio Legislativo, por lo que no puede atribuirse íntegramente al grupo que irrumpió en el Congreso. Será necesario determinar qué parte de las afectaciones fue ocasionada durante esos hechos y cuánto deberán pagar los involucrados.
“Es un millón 200 mil pesos el presupuesto; entendemos que es una reparación total. Ellos hicieron daños en una parte y hay que ver el porcentaje que les correspondería a ellos”, señaló.
Gaona García informó que el avalúo fue elaborado por una restauradora especializada en inmuebles catalogados y ya fue entregado a la Fiscalía General del estado para incorporarlo a la denuncia presentada por el Poder Legislativo.
“Ya hay un presupuesto por parte de una restauradora especialista en edificios catalogados, como lo es el Congreso, y el presupuesto es de un millón 200 mil pesos para reparar todo lo que son las ventanas y la puerta de la entrada. Nosotros levantamos una denuncia ante la Fiscalía y ya mandamos este presupuesto para que se integre a la denuncia”, expuso.
Ante la pregunta de si el Congreso cuenta con recursos para comenzar los trabajos, el presidente de la Mesa Directiva respondió que esperarán el desarrollo del procedimiento y buscarán una reunión de conciliación para establecer la responsabilidad económica de los funcionarios involucrados.
“Nosotros nos vamos a esperar y vamos a seguir pronunciándonos a favor de que haya una reunión de conciliación para ver qué porcentaje de ese millón 200 mil pesos les toca pagar a los funcionarios en su conjunto”, sostuvo.
Gaona Sánchez también emplazó al empresario que públicamente ofreció pagar los daños a informar si mantiene su compromiso. Señaló que, si está dispuesto a cubrir el presupuesto completo, se le proporcionarán directamente los datos del proveedor y, una vez saldado el costo, podría retirarse la denuncia.
“Los daños son un millón 200 mil pesos y, si él gusta pagar el presupuesto, le damos la cuenta del proveedor y los datos para que se encargue directamente con el proveedor de saldar el costo. Con eso nosotros retiraríamos la denuncia”, declaró.
El legislador insistió en que el empresario debe aclarar si su ofrecimiento sigue vigente o si se retractó. De no concretarse el pago, añadió, el Congreso continuará con la denuncia y esperará que la Fiscalía determine el mecanismo para conciliar y establecer el monto que corresponde a los involucrados.
