Morelia, Michoacán.— Comunidades indígenas del oriente de Michoacán analizan recurrir a la vía jurídica para exigir la protección de su derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, ante la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos con autoridades estatales y federales por las afectaciones atribuidas a la geotermoeléctrica de Los Azufres.
Representantes de San Matías el Grande señalaron que, después de seis meses de mesas de trabajo y de la participación de más de 30 instituciones, no se han concretado compromisos como el análisis de los manantiales, la inspección de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, la realización de campañas de detección de enfermedades renales y la instalación de servicios médicos especializados.
Roque Martínez Hernández, consejero de la comunidad otomí de San Matías el Grande, afirmó que los acuerdos permanecen únicamente en las minutas, mientras continúan apareciendo nuevos casos de enfermedad renal en las comunidades de la región.
“Tengo en mi mano las minutas que se han firmado reunión tras reunión con las autoridades, donde ha habido acuerdos en estas mesas de trabajo, pero quedan aquí, nada más en papel, porque en la realidad no hay nada concreto. En los hechos no se ve esto que está plasmado y han sido prácticamente puras promesas a lo largo de este medio año”, declaró.
Entre los compromisos pendientes se encuentran estudios adicionales en las fuentes de abastecimiento de agua, la colocación de filtros, una inspección conjunta de primer nivel en las instalaciones de la geotermoeléctrica, campañas de tamizaje, un programa de apoyo para personas enfermas y la instalación de una unidad de hemodiálisis en San Matías el Grande.
Las comunidades también informaron que presentaron su caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que habría solicitado información a distintas dependencias; sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta o pronunciamiento.
“Queremos pensar que el tiempo que está tardando es porque están recopilando la información que requieren, que fue lo que nos manifestaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, no ha habido ningún pronunciamiento de parte de ellos”, indicaron.
Ante la falta de resultados, los representantes comunitarios dijeron contar actualmente con mayores elementos científicos y documentales para iniciar un juicio y llevar la defensa del derecho a un medio ambiente sano ante las instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Creo que ahora tenemos los elementos para poder llevar a cabo un juicio ante la ley, para hacerlo todo en orden, como lo marca la Constitución. También lo estamos considerando y es lo más probable a lo que vayamos a recurrir”, señalaron al ser cuestionados sobre una posible intervención de la Suprema Corte.
Martínez Hernández aseguró que las comunidades han mantenido las mesas de trabajo por respeto al diálogo institucional, pero advirtió que, en caso de no obtener respuestas concretas, definirán nuevas acciones jurídicas y sociales.
Entre las medidas consideradas se encuentran movilizaciones en Michoacán y la Ciudad de México, marchas, bloqueos y la toma de oficinas gubernamentales.
De acuerdo con las estimaciones de las autoridades comunales, en San Matías el Grande existen alrededor de 60 personas enfermas, mientras que la suma de casos en localidades como San Pedro, Alta Huerta, Jeráhuaro, San Lucas y San Bartolo alcanzaría aproximadamente 350, además de personas identificadas con propensión a presentar daño renal.
