Morelia, Michoacán.– El Congreso de Michoacán aprobó un dictamen de reformas al Código Penal del Estado, construido a partir de más de 80 iniciativas acumuladas en la Comisión de Justicia, con modificaciones a 35 artículos en materia de legítima defensa, protección a víctimas, desplazamiento forzado, sumisión química, acecho, cohabitación forzada, delitos patrimoniales y vigilancia indebida de cuerpos de seguridad.
De acuerdo con el documento presentado ante el Pleno, las reformas incluyen la presunción de legítima defensa cuando una mujer, o una tercera persona que actúe en su defensa, cause lesiones o prive de la vida a quien intente cometer o cometa violencia física, sexual o feminicida en su contra.
El dictamen también incorpora el delito de desplazamiento forzado interno, con sanciones para quien obligue a una o más personas a abandonar su domicilio, residencia, lugar de trabajo o comunidad mediante violencia física, psicológica, amenazas u otros medios. Asimismo, se contemplan agravantes cuando intervengan personas armadas, servidores públicos o se afecte a víctimas en situación de vulnerabilidad.
Entre las reformas aprobadas se encuentran además la sumisión química, para castigar a quien administre, suministre o aplique sustancias con el propósito de disminuir o anular la voluntad o capacidad de juicio de una víctima; así como el acecho, entendido como conductas reiteradas de vigilancia, seguimiento, contacto físico o virtual no consentido que generen temor, angustia o alteración en la vida cotidiana de la persona afectada.
También se incluyó la cohabitación forzada, con sanciones para quien obligue, coaccione, induzca, gestione, oferte o se beneficie de la unión formal o informal de personas menores de 18 años, o de personas sin capacidad para comprender el hecho o resistirlo, en una relación equiparable al matrimonio o concubinato.
En materia de seguridad, se aprobó sancionar la vigilancia indebida de actividades de cuerpos de seguridad, conocida como “halconeo”, cuando se realice con la finalidad de alertar a personas o grupos que hayan cometido, estén cometiendo o pretendan cometer un delito. El dictamen precisa que no se considerarán delito las actividades periodísticas, académicas, de denuncia ciudadana, defensa jurídica o de personas defensoras de derechos humanos.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, anunció su voto en contra del dictamen, al considerar que se dejaron fuera herramientas legales necesarias para proteger a víctimas de violencia, particularmente en los casos de violencia en el noviazgo y violencia familiar.
“No podemos decir que estamos del lado de las víctimas y al mismo tiempo le cerramos la puerta a herramientas legales para protegerlas”, sostuvo desde tribuna, al advertir que omitir la violencia en el noviazgo significa “darle la espalda a miles de mujeres jóvenes que hoy viven control, amenazas, agresiones y violencia antes de llegar al matrimonio o a la unión familiar”.
Barragán Vélez también cuestionó que no se avanzara en establecer que la violencia familiar sea investigada de oficio, al señalar que muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica, amenazas o presión de su propio agresor.
“No podemos esperar a que una víctima reúna el valor para denunciar cuando muchas veces el miedo, las amenazas o la violencia misma se lo impiden. El Estado tiene la obligación de actuar para proteger la vida y la integridad de las personas”, expresó.
El legislador morenista afirmó que su voto en contra obedeció a que, desde su perspectiva, el dictamen no atendió de fondo la protección de las víctimas en estos rubros. “Hoy no se trata de colores ni de partidos, se trata de decidir si estaremos del lado de las víctimas o del lado de la indiferencia”, señaló.
Por separado, David Martínez Gowman, integrante de la Comisión de Justicia, explicó que el dictamen fue construido agrupando iniciativas que se relacionaban entre sí, a fin de evitar duplicidades, contradicciones o posibles inconstitucionalidades dentro del Código Penal.
“Se relacionan unas con otras en mucho, algunas se contradicen unas iniciativas con otras; entonces vimos del Código Penal en qué libro, en qué capítulo y en qué artículo se iban a atacar”, explicó.
Martínez Gowman precisó que aún quedará un segundo paquete de aproximadamente 40 iniciativas pendientes, de las cuales alrededor de 18 deberán trabajarse en comisiones unidas, principalmente con Derechos Humanos y la Comisión de la Niñez.
El diputado sostuvo que la Comisión de Justicia concentra entre el 60 y 65 por ciento de las iniciativas que llegan al Congreso, por lo que rechazó señalamientos de falta de trabajo y adelantó que continuarán dictaminando incluso durante el receso legislativo.
