Morelia, Michoacán.- Al menos 225 personas han sido desplazadas de manera forzada desde el pasado 19 de junio en tres comunidades rurales del municipio de Apatzingán, denunció el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y Organizaciones Acompañantes.
A través de un pronunciamiento público, las organizaciones alertaron sobre la profundización de las condiciones estructurales que generan desplazamiento forzado interno en Michoacán, particularmente en las comunidades de Cueramatillo, Cueramato y El Guayabo, ubicadas aproximadamente a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Apatzingán.
El colectivo señaló que la violencia en esta zona se ha intensificado por la disputa territorial entre grupos criminales, así como por el uso de armamento de alto poder, drones con explosivos y artefactos explosivos improvisados, lo que ha puesto en riesgo la vida comunitaria de los pueblos de Tierra Caliente.
De acuerdo con el documento, la mañana del 19 de junio se registró la detonación de un artefacto explosivo improvisado en una brecha de El Guayabo, hecho que destruyó al menos un vehículo de carga en el que viajaban trabajadores agrícolas. Dos personas resultaron lesionadas y una de ellas sufrió la amputación del pie derecho.
El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán había calculado inicialmente alrededor de 106 personas desplazadas; sin embargo, tras recabar testimonios de víctimas en un punto seguro, la cifra se actualizó a por lo menos 225 personas afectadas.
Las organizaciones reprocharon que, pese a que Michoacán cuenta con instrumentos como el Protocolo de Atención a Emergencias de Desplazamiento Forzado y el Reglamento Municipal de Atención a Emergencias de Desplazamiento Forzado en Apatzingán, persisten patrones de negación, desatención y retorno de poblaciones sin condiciones objetivas de seguridad.
“Recalcamos que no bastan los instrumentos legales especializados, cuando no se concretan en acciones de gobierno estatales con partidas presupuestales suficientes, funcionarios públicos especializados ni rutas de atención institucional claras y sistemáticas”, señalaron en el pronunciamiento.
El colectivo recordó que Cueramato ya había registrado un evento de desplazamiento forzado masivo el pasado 5 de mayo y que, días después, autoridades estatales y municipales alentaron el retorno de habitantes sin que se informaran mecanismos claros de censo, evaluación de riesgos o condiciones de seguridad.
Ante esta situación, las organizaciones llamaron a los tres órdenes de gobierno a garantizar protección y atención humanitaria para las familias desplazadas, generar acciones interinstitucionales para su reubicación temporal y construir soluciones duraderas con criterios internacionales.
También solicitaron al Gobierno de Michoacán, en coordinación con el Gobierno Federal, instalar una mesa de trabajo interinstitucional con representación de víctimas y organizaciones acompañantes, además de pedir al Congreso de la Unión avanzar en una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
El colectivo advirtió que Michoacán ocupó en 2025 el tercer lugar nacional en incidencia de eventos de desplazamiento forzado interno, mientras que Apatzingán se ubicó como el municipio con mayor incidencia del país.
