El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Se trata de uno de los derechos humanos más importantes reconocidos por nuestro marco jurídico, pues reconoce que la salud no debe considerarse un privilegio, sino una condición indispensable para el bienestar y el desarrollo de las personas.
Sin embargo, entre el reconocimiento de un derecho y su cumplimiento efectivo suele existir una distancia considerable que, durante décadas no se ha cumplido.
Durante los últimos años hemos escuchado con frecuencia que nuestro país “avanza hacia la cobertura universal en salud”. La expresión suele sonar alentadora, pues transmite la idea de que todas las personas tienen garantizado el acceso a servicios médicos cuando los necesiten. Sin embargo, vale la pena preguntarnos algo muy sencillo: ¿tener derecho a la atención médica significa realmente recibirla?
La respuesta, desafortunadamente, es mucho más compleja de lo que parece, pues en salud pública existe una diferencia importante entre el derecho a la salud, la cobertura de salud y el acceso efectivo a los servicios de salud.
Aunque estos conceptos suelen utilizarse como sinónimos en el discurso político, en realidad representan etapas distintas de una misma cadena.
El derecho a la salud implica que una persona está reconocida por las instancias gubernamentales como beneficiaria de servicios sanitarios. La cobertura se refiere a que existe una estructura institucional encargada de brindar esos servicios.
Sin embargo, el acceso efectivo solamente ocurre cuando el paciente logra recibir atención oportuna, de calidad y capaz de resolver su problema de salud, lo cual, en la mayoría de los casos no sucede, dicho de otra manera, una persona puede tener derecho a la atención médica y, aun así, no recibirla cuando la necesita.
Esta diferencia puede parecer meramente técnica, pero para millones de mexicanos representa una realidad cotidiana. Basta conversar con familiares, amigos o compañeros de trabajo para encontrar historias de consultas pospuestas durante meses, cirugías vitales postergadas, estudios diagnósticos pendientes o pacientes obligados a buscar atención privada, ante la imposibilidad de recibir atención oportuna en el sistema público.
Pensemos en una persona con diabetes que requiere valoración por un especialista, sobre el papel tiene acceso al sistema de salud, puede enfrentar meses de espera para obtener una consulta, dificultades para realizar estudios de laboratorio, falta de personal médico o la necesidad de trasladarse largas distancias para recibir atención.
En muchos casos, la consecuencia final es que termina pagando consultas privadas y estudios particulares, aun cuando oficialmente forma parte de un sistema público de salud.
Lo mismo ocurre con pacientes que requieren atención de diferentes especialidades, el problema no siempre es la ausencia total de servicios, sino la distancia que existe entre la disponibilidad teórica y la posibilidad real para acceder a ellos.
Por ello, los especialistas en salud pública suelen hablar de un concepto menos conocido, pero mucho más útil: la cobertura efectiva.
La cobertura efectiva no se mide por el número de personas registradas en una institución, sino por la capacidad del sistema para brindar atención adecuada cuando esta se necesita, es decir, no basta con que un hospital exista.
No basta con que una clínica tenga nombre, edificio o personal asignado. Lo verdaderamente importante es que el paciente pueda recibir diagnóstico, tratamiento y seguimiento en el momento oportuno.
Cuando una consulta se retrasa durante meses, cuando un estudio diagnóstico no puede realizarse, cuando un paciente abandona la atención por barreras administrativas o cuando una enfermedad progresa mientras espera ser atendida, la cobertura efectiva deja de existir, aunque la cobertura institucional continúe apareciendo en los informes oficiales.
En este punto resulta inevitable mirar hacia las decisiones de política pública que se han tomado en los últimos años, la reorganización de las instituciones de salud, los cambios en los mecanismos de financiamiento, la desaparición de programas y la transición entre distintos modelos de atención se presentaron como soluciones destinadas a fortalecer el acceso a los servicios.
Sin embargo, para una parte importante de la población, la percepción ha sido distinta, muchos pacientes no evalúan las reformas por sus objetivos, sino por sus resultados concretos: si lograron obtener una consulta, si recibieron sus estudios, si encontraron especialistas disponibles y si pudieron iniciar oportunamente su tratamiento.
Esta situación obliga a una reflexión incómoda, durante años, los distintos gobiernos han centrado gran parte de la discusión pública en cifras de afiliación, reorganización de instituciones y cambios administrativos.
Sin embargo, para el ciudadano común, el éxito de un sistema de salud no se mide en documentos, decretos o conferencias de prensa. Se mide en algo mucho más simple: la capacidad de resolver los problemas de salud de las personas.
Quizá una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos como sociedad no es cuántas personas están cubiertas por el sistema de salud, sino cuántas logran ser atendidas de manera oportuna cuando más lo necesitan.
Porque en salud pública existe una diferencia enorme entre aparecer en una estadística y sentarse frente a un médico en el momento adecuado.
Y cuando un derecho constitucional existe en el papel, pero encuentra obstáculos para materializarse en la vida cotidiana de las personas, la discusión deja de ser jurídica o administrativa para convertirse en un problema de salud pública.
La próxima semana abordaremos una de las manifestaciones más visibles de esta problemática, la falta de médicos especialistas y el impacto que esto puede tener en la vida de miles de derechohabientes mexicanos.
