Más del 50 por ciento de los kuarichas o integrantes de las rondas de comunidades con autogobierno no cuenta con seguro de vida, pese a las condiciones de riesgo en las que realizan labores de vigilancia preventiva, advirtió Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).
Tras los hechos registrados en Nahuatzen, donde fueron asesinados integrantes de la Guardia Civil, el representante indígena expresó sus condolencias a las familias de los elementos caídos y exigió justicia para quienes, dijo, perdieron la vida en cumplimiento de su deber.
“Hay que reconocer a Seguridad Pública y a los integrantes de las rondas cuando están haciendo su trabajo y caen de manera injusta abatidos”, señaló.
Guzmán Macario sostuvo que lo ocurrido en Nahuatzen confirma lo que el Consejo Supremo Indígena ha denunciado desde hace más de dos años: la existencia de focos rojos en comunidades originarias, particularmente en la Meseta Purépecha, la Cañada de los Once Pueblos, la región del Lago de Pátzcuaro, Tierra Caliente y la zona Nahua.
El vocero precisó que, en los últimos dos años, han documentado 28 incursiones del crimen organizado a comunidades indígenas, así como el asesinato de 20 integrantes de rondas comunales, cifra a la que podrían sumarse elementos de la Guardia Civil que también pertenecían a comunidades indígenas.
En este contexto, señaló que las rondas comunales tienen un carácter preventivo y no están diseñadas ni facultadas para combatir al crimen organizado, ya que esa responsabilidad corresponde al Estado mexicano.
“Nosotros tenemos muy claro que las rondas o kuarichas tienen el carácter de preventivo. No tienen el carácter de combatir al crimen organizado. Esto es una obligación y atribución del Gobierno Federal. Él tiene el Ejército, tiene la Marina, tiene la Guardia Nacional y tiene un estado de fuerza”, afirmó.
El vocero denunció que el proceso de capacitación, certificación y autorización de armamento para las rondas comunales puede durar hasta dos años, por lo que muchas comunidades continúan sin herramientas suficientes para protegerse. Actualmente, dijo, existen 51 comunidades con autogobierno, de las cuales alrededor del 60 por ciento cuenta con algún tipo de armamento, mientras que el 40 por ciento sigue en proceso.
Aunado a ello, acusó que las comunidades han solicitado incrementar el fondo de seguridad, evitar reducciones al programa Fortapaz y garantizar seguro de vida para integrantes de las rondas y consejeros de honor y justicia, sin que estas demandas hayan sido atendidas plenamente.
“También propusieron seguro de vida para todos los integrantes de la ronda y los consejeros de honor y de justicia y tampoco han cumplido, solamente algunos tienen, pero más del 50 por ciento no tienen. O sea, están trabajando sin tener ni tan siquiera un seguro de vida; si mueren, ahí quedan”, declaró.
El vocero del Consejo Supremo Indígena señaló que esta situación ya se presentó con integrantes de la ronda de Sevina, quienes, dijo, no tenían seguro de vida, por lo que sus familiares tuvieron que movilizarse para solicitar una indemnización ante la Comisión Estatal de Víctimas.
“Eso pasó exactamente con los compañeros de Sevina. No tenían seguro de vida, por eso se movilizaron para que la Comisión Estatal de Víctimas les diera una indemnización, cosa que todavía está en proceso”, indicó.
También mencionó que casos similares se han registrado con integrantes de la ronda de Pichátaro y otras comu
