El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Michoacán decretó la separación temporal del cargo de una persona juzgadora, dentro de una investigación administrativa relacionada con las actuaciones derivadas del homicidio del periodista Armando Linares López.
La determinación fue emitida por la Comisión de Disciplina a partir de una queja presentada ante ese órgano y de elementos preliminares revisados por la Unidad de Investigación. De acuerdo con lo expuesto por el magistrado Luis Felipe Quintero Valois, la medida tiene carácter preventivo y busca permitir el desarrollo de la investigación sin que ello implique una responsabilidad ya determinada.
“Encontramos razones suficientes para iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad, que bueno, lo que se hizo fue realizar algunas medidas cautelares que impusieron, en el caso concreto, de suspensión mientras se realiza la investigación”, explicó el magistrado.
Quintero Valois precisó que la separación es temporal, por un periodo de 20 días hábiles, y que durante ese plazo se buscará avanzar en la integración de la investigación para determinar si existen elementos suficientes que permitan formular un informe de presunta responsabilidad administrativa. En caso de acreditarse indicios suficientes, se daría paso al juicio correspondiente ante el propio Tribunal.
El magistrado José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, subrayó que la medida no debe entenderse como una sanción ni como una determinación de responsabilidad, sino como una actuación cautelar dentro de una investigación en curso. “La presunción de inocencia es totalmente clara. No hay ninguna sanción al respecto, no hay ninguna situación donde estemos determinando ya alguna responsabilidad”, señaló.
De acuerdo con la información proporcionada por integrantes del Tribunal, el procedimiento se relaciona con la revisión de actuaciones jurisdiccionales dentro de juicios y medidas adoptadas en torno a personas juzgadoras que estuvieron vinculadas a procesos en la región de Zitácuaro. En el caso específico, la queja guarda relación con actuaciones derivadas del expediente penal seguido por el homicidio del periodista Armando Linares.
