El dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, afirmó que su partido sí participaría en la comisión auxiliar propuesta para revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular; sin embargo, reconoció que mantienen reservas sobre su funcionamiento, el manejo de la información y el uso político que pudiera darse a los expedientes.
Tras la aprobación de reformas en materia electoral, Ocampo señaló que el PRD está dispuesto a enviar la lista de sus aspirantes y la información que sea requerida por las instancias correspondientes, al considerar que se deben dar pasos para evitar que grupos del crimen organizado incidan en la postulación de candidaturas o en la integración de gobiernos municipales.
“Nosotros sí estaríamos en la ocasión de mandar toda la lista de los aspirantes y toda la información que se requiera por parte de las instancias del gobierno”, expresó.
No obstante, el dirigente perredista advirtió que la comisión auxiliar no será vinculante y tendrá carácter voluntario, por lo que sus resultados no obligarán legalmente a los partidos a retirar candidaturas. Aun así, dijo que en el caso del PRD sí habría una revisión interna si algún perfil aparece con señalamientos o riesgos razonables.
“Si nosotros sabemos de ello, en las presentaciones que hagamos con los candidatos, o cuando hayan desempeñado, digamos que efectivamente tienen la razón las dependencias de gobierno, nosotros no postularíamos, claro que no”, sostuvo.
Ocampo Córdova insistió en que el PRD no puede afirmar que confía plenamente en el mecanismo, debido a que podrían existir filtraciones, conflictos de interés o señalamientos utilizados con fines políticos para impedir que una persona sea candidata.
“No podría decirte: confío plenamente al 100 por ciento en lo que ahí dice. Imagínate que hay un conflicto de interés, que el candidato del PRD vaya contra un candidato del PRI y que su hermano tenga relaciones con las instancias que van a revisar; pues claro, habría un conflicto de interés”, señaló.
El dirigente explicó que, en su interpretación, la comisión funcionaría como un enlace entre el órgano electoral, los partidos políticos y las instancias de seguridad y procuración de justicia, como fiscalías, unidades de inteligencia y órganos federales, pero no como un órgano que emita resoluciones definitivas.
Por ello, consideró que quienes integren esta comisión no tendrían que ser perfiles políticos ni figuras públicas, sino personas con conocimiento técnico, académico o experiencia en derecho, seguridad o análisis de riesgos, para evitar que el mecanismo se contamine políticamente.
Sobre si esta figura garantiza que la próxima elección esté blindada, Ocampo descartó que por sí sola resuelva el problema de la intervención del crimen organizado. “No está blindada. Primero, ni la nueva causal de nulidad por injerencia va a terminar con todo el problema, como tampoco lo va a hacer la comisión; ni siquiera es vinculante, es voluntaria”, afirmó.
