Morelia, Michoacán.— El exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, cuestionó la actuación de las autoridades tras los cateos realizados en inmuebles relacionados públicamente con él, al señalar que hasta el momento no ha recibido una explicación formal sobre el motivo de los operativos, así como las acusaciones contra su persona respecto al homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.
El ex edil de Uruapan recordó que en su momento solicitó un amparo y mantiene pendiente una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por las afectaciones que, dijo, se generaron a su imagen y a su familia, tras el hostigando que ha sufrido por los señalamientos en su contra.
Adelantó que su defensa trabaja en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y otras instancias, al considerar que los cateos y los señalamientos posteriores provocaron daños personales y familiares. Dijo que no solo se recaba información sobre la actuación de las autoridades, sino también sobre actores que, afirmó, continuaron generando un discurso de acusaciones en su contra. “Estamos trabajando una queja en la Comisión de los Derechos Humanos (…) porque esto generó un daño a la imagen, un daño psicológico a la familia”, sostuvo.
Respecto a los procesos abiertos en su contra, Campos Equihua afirmó que actualmente solo tiene conocimiento de la denuncia presentada por Grecia Quiroz García y Juan Manzo Rodríguez, relacionada con los hechos ocurridos en Uruapan. Recordó que, cuando en febrero se hicieron señalamientos públicos donde apareció su nombre, solicitó información para conocer si existía alguna carpeta en su contra y, según dijo, le respondieron que no había nada hasta la declaración reciente ante la Fiscalía.
El exalcalde también rechazó que exista una prueba que lo vincule con los hechos por los que ha sido señalado. Afirmó que en la denuncia no hay un señalamiento directo, sino videos y declaraciones públicas difundidas en redes sociales, por lo que consideró que el caso ha tenido un componente político.
Campos Equihua señaló que ha estado abierto a las investigaciones y dijo esperar que la Fiscalía actúe conforme a la ley, particularmente en un caso que, reconoció, ha tenido alta exposición pública. Añadió que lo importante es que las autoridades busquen la verdad y la justicia, sin que las líneas de investigación se contaminen por presiones políticas o mediáticas.
También se refirió a los cateos, al exponer que no hubo una respuesta inmediata de las autoridades y que lo único que conoce es lo declarado públicamente por el fiscal, en el sentido de que las diligencias estarían relacionadas con presuntos temas de drogas y armamento, situación que calificó como delicada. Sin embargo, aseguró que en los inmuebles revisados no se localizó nada.
“No encontraron nada, yo llevé a un notario para que levantara un acta de todo lo que hicieron. Ustedes saben cómo son los cateos y estamos esperando también el reporte de la Fiscalía para poder conocer en qué situación se dio”, señaló.
Explicó que, inmediatamente después de esos hechos, solicitó un amparo, aunque, según dijo, la respuesta llegó hasta 15 días después. También aclaró que no todos los domicilios señalados eran de su propiedad, pues uno de ellos correspondía a una oficina alterna que utilizó durante su administración municipal mediante un contrato de arrendamiento que posteriormente concluyó.
Campos Equihua agregó que en algunos casos no se colocaron sellos ni se dejó documentación sobre las diligencias, por lo que esa información ya se encuentra en manos de su abogado para determinar las acciones legales correspondientes.
“Tampoco se pusieron los sellos, ustedes saben que cuando se hace un cateo se ponen sellos, dejan ahí algún documento, no hubo nada de eso, y bueno, pues todo eso ya lo tiene el abogado para poder nosotros hacer lo correspondiente”, apuntó.
