En punto de las 11 de la mañana de este sábado, el abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Jesús Alfonso Guerrero, recibió las instalaciones de la Rectoría para la apertura a estudiantes y profesores, luego de la suspensión provisional de la segunda huelga a puertas cerradas que estalló el pasado 20 de abril por el Sindicato Único de Empleados (SUEUM).
Detalló que esta medida fue concedida por un juez federal tras los amparos promovidos por la institución, lo que obliga a permitir el acceso a las instalaciones universitarias y garantiza la continuidad de las actividades académicas, mientras se resuelve de fondo el conflicto laboral en tribunales.
“Nos concedieron la suspensión provisional en ambos estallamientos a huelga, lo que implica que estudiantes y docentes puedan ingresar a las instalaciones de forma indiscriminada para garantizar la educación de manera inmediata”, señaló.
Sin embargo, el abogado general aclaró que aún no se proyecta el regreso a clases, tema que se mantiene en análisis desde la Rectoría.
“Estaríamos justamente por definir y establecer la estrategia; aún falta que se defina en materia laboral el personal que de forma emergente tendría que también ingresar a la par con docentes y estudiantes, para poder garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento de la institución”, aclaró.
Asimismo, la autoridad universitaria informó que se trabaja en la definición de una estrategia para el ingreso ordenado y la operación mínima de las instalaciones, en tanto se determina en el juzgado laboral la reincorporación del personal administrativo el próximo martes.
“Hay dos impugnaciones, es correcto, en materia de amparo; ya les comentaba, nos concedieron de forma provisional la suspensión. Estaríamos atentos a que en materia federal nos puedan conceder la suspensión de manera definitiva”, añadió.
El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana estalló en paro tras la supuesta violación de 48 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, entre ellos la falta de pagos a la ayuda sindical, jubilaciones y pensiones, seguros de vida y pagos de marcha.
