El desplazamiento forzado en Michoacán se ha extendido a nuevos municipios como Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Hidalgo y Tuxpan, además de varias zonas colindantes con Jalisco y Colima, afirmó en entrevista Gregorio López Gerónimo, conocido como el “Padre Goyo”, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano para Prevenir el Desplazamiento Forzoso en el estado.
El sacerdote señaló que este fenómeno ya no se concentra únicamente en las regiones donde históricamente se había denunciado, sino que comienza a crecer en municipios donde antes no era común. “Uruapan no tenía desplazados, últimamente ha habido desplazados y por el tema de la violencia, sí ya ha habido ataques directos a familias, a hogares”, expuso. También mencionó un aumento de casos en Zamora, la región Oriente, Zitácuaro, Hidalgo y Tuxpan.
En la entrevista, el Padre Goyo explicó que la principal causa del desplazamiento forzado sigue siendo la violencia generada por la delincuencia organizada, cuya presencia ha provocado asesinatos, amenazas, extorsiones, cobro de piso y despojo de propiedades. “Es la presencia de la delincuencia en los municipios”, sostuvo al hablar del patrón que se repite en las familias que se ven obligadas a abandonar sus comunidades.
Además, advirtió que el problema también se ha recrudecido en municipios de la frontera con Jalisco, como Cotija, Los Reyes, Tocumbo, Jiquilpan, Sahuayo, Yurécuaro y Tanhuato, así como en Aquila, Chinicuila y Coahuayana, en la zona limítrofe con Colima. Según dijo, en estos puntos ha crecido la solicitud de apoyo por parte de personas que huyen de la violencia y buscan acompañamiento para denunciar o salir del país.
El Padre Goyo alertó que uno de los mayores riesgos es la normalización de la violencia en Michoacán, al señalar que continúan los secuestros, asesinatos, extorsiones y ataques armados en distintas regiones del estado. “Sigue habiendo violencia, sigue habiendo cobro de piso, sigue habiendo extorsiones, secuestros, asesinatos. Eso es lo peor que nos puede pasar, normalizar la violencia”, declaró.
El también activista informó que actualmente tienen identificadas alrededor de mil 500 personas del estado distribuidas en 14 albergues en Tijuana, provenientes de distintos municipios afectados por el desplazamiento forzado. Añadió que muchas de estas víctimas no sólo requieren apoyo económico, sino acompañamiento legal y humano para presentar denuncias, solicitar asilo o intentar recuperar sus bienes tras haber sufrido amenazas, homicidios o despojo de tierras.
