Morelia, Michoacán-. Comunidades indígenas del oriente de Michoacán denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como autoridades estatales y federales, han incumplido compromisos para atender la crisis de salud y contaminación ambiental que, afirman, se vive desde hace décadas en la zona de Los Azufres, donde se han multiplicado los casos de enfermedad renal crónica.
En conferencia de prensa, habitantes de San Matías el Grande y San Pedro Jácuaro acusaron que, pese a años de mesas de trabajo, minutas y estudios, no hay resultados concretos, atención suficiente ni claridad sobre la responsabilidad de la empresa paraestatal en la contaminación del agua y del entorno.
Uno de los representantes, comunero e integrante del Consejo de San Matías el Grande, señaló que las autoridades no han tratado el tema con la seriedad que exige la emergencia. “No le están dando la seriedad que se necesita ante este tema de salud que es muy importante; nos hemos sentado a platicar, pero ha quedado en diálogo, se han firmado algunas minutas, pero no se han cumplido”, reclamó.
El comunero advirtió que la paciencia de las comunidades está agotándose, pues mientras continúan las reuniones institucionales, los enfermos renales siguen aumentando y el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo resulta insuficiente para atender la demanda. Denunció que muchas familias deben recurrir a servicios privados de hemodiálisis, con costos que rebasan por mucho sus posibilidades económicas.
Durante la exposición pública, los pobladores insistieron en que la crisis ya rebasó a las localidades del oriente michoacano. Aseguraron que hay comunidades con decenas e incluso cientos de pacientes, y que la falta de infraestructura médica obliga a muchos enfermos a trasladarse a Morelia o pagar tratamientos particulares.
Enrique Romero Arriaga, originario de San Pedro Jácuaro, recordó que el problema no es nuevo y acusó que durante años se han realizado investigaciones sin que se informe con claridad a la población. Dijo que incluso dentro de una misma familia puede haber varios enfermos renales, lo que vuelve más grave la situación. En su testimonio, expuso que sus propios familiares han padecido las consecuencias de esta crisis.
Uno de los testimonios más duros fue el de María del Carmen Álvaro Arreaga, quien relató que vive desde hace 25 años con insuficiencia renal y que incluso ha tenido que someterse a dos trasplantes. Explicó que tuvo que salir de su comunidad para vivir en Morelia y buscar atención, además de que la enfermedad consumió el patrimonio familiar.
La mujer aseguró que, pese a los estudios realizados por distintas instituciones, las autoridades no han dado respuestas de fondo. Según relató, funcionarios y personal de salud les han llegado a recomendar que abandonen sus comunidades para poder aspirar a una vida digna, sin que eso signifique resolver el problema de origen.
Los representantes comunitarios también cuestionaron que, a pesar de la participación de dependencias estatales y federales en las mesas de trabajo, no se hayan cumplido acuerdos como la instalación de una unidad de hemodiálisis en San Matías el Grande, la colocación de filtros en manantiales, nuevos exámenes al agua ni la entrega pública de estudios ambientales.
Además, denunciaron que la capacidad hospitalaria es insuficiente y que iniciar un tratamiento implica un gasto devastador para familias dedicadas principalmente a la alfarería y las artesanías. Explicaron que una persona puede requerir tres sesiones de hemodiálisis por semana, con un costo aproximado de 2 mil pesos por cada una, sin considerar traslados y alimentos.
Frente a este panorama, las comunidades advirtieron que comenzarán movilizaciones en Michoacán si no hay respuestas inmediatas y no descartaron escalar sus acciones a la Ciudad de México. También adelantaron que buscan abrir una ruta jurídica y acudir ante instancias ambientales nacionales e incluso organismos internacionales para denunciar lo que consideran una crisis de salud pública y un posible daño ambiental prolongado.
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