Morelia, Mich.— La iniciativa de reforma para que menores de edad que cometan delitos graves sean sancionados como adultos avanza en su análisis en el ámbito federal, con apertura para su discusión e incluso posibles ajustes en la edad, señaló el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar.
El legislador explicó que la propuesta contempla originalmente a adolescentes de 16 y 17 años, aunque existe disposición para revisar que la medida pueda aplicarse desde los 15 años, en función del contexto actual de violencia.
“Nosotros presentamos esta iniciativa… incluso me abrió el presidente de la Comisión de Justicia para decirnos que si en mi caso había la posibilidad de revisar que pudiera ser incluso menos años, dije que sí, el tema es que lo discutamos”, afirmó.
Indicó que tanto esta iniciativa como la relacionada con el reclutamiento criminal de menores ya se encuentran en etapa de dictaminación y han mostrado avances, incluso con la previsión de integrar contrapropuestas en próximas reuniones.
Núñez Aguilar señaló que el incremento de casos donde participan adolescentes en delitos de alto impacto obliga a revisar el marco legal vigente, al considerar que la situación ha dejado de ser excepcional.
“Antes era uno de un millón, ahora es una constante. Son muchísimos los casos… entonces las leyes tienen que irse actualizando a conforme avanzan las sociedades o a conforme se descomponen”, sostuvo.
El dirigente del PVEM vinculó este fenómeno con el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, al advertir que la legislación actual es utilizada como un incentivo para captar a jóvenes.
No obstante, subrayó que el problema requiere un enfoque integral que incluya políticas públicas en materia de salud mental, atención al entorno escolar y prevención de la violencia, además de una revisión legislativa.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la detección de riesgos en escuelas, atender fenómenos como el bullying y garantizar atención psicológica para niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, advirtió que este tipo de conductas no son exclusivas de Michoacán, sino que forman parte de una problemática más amplia, por lo que consideró necesario actualizar tanto el marco legal como las políticas públicas para atenderla de manera integral.
Finalmente, enfatizó que el debate debe darse con responsabilidad y con base en análisis técnicos, ante la complejidad de los derechos involucrados y el contexto actual.
