Morelia, Mich.- El asesinato de dos maestras dentro de un plantel educativo en Lázaro Cárdenas no es un hecho aislado, sino la expresión más cruda de una crisis estructural que, según Mexicanos Primero Michoacán, lleva años en el olvido: violencia normalizada, abandono institucional y ausencia de atención a la salud mental.
Erick Avilés, representante de la organización en el estado, reveló que durante el ciclo escolar 2024-2025 fueron asesinados 120 menores de edad en Michoacán, lo que coloca a la entidad como la segunda más letal para niñas, niños y adolescentes en el país, solo por debajo de Guanajuato.
El posicionamiento se da tras el ataque en la Preparatoria Anton Makárenko, donde Tatiana y María del Rosario, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron asesinadas por un estudiante de 15 años que ingresó con un fusil.
Horas antes, el agresor había publicado en redes sociales imágenes con el arma y mensajes vinculados a comunidades de odio, sin que ninguna autoridad o sistema activara alertas.
“Lo ocurrido esta mañana es el resultado acumulado de omisiones estructurales y políticas que afectan directamente los derechos de niñas, niños y adolescentes en Michoacán, y que han sido señaladas reiteradamente sin ser escuchadas”, advirtió Avilés.
El diagnóstico apunta a una combinación de factores: crisis de salud mental no atendida, exposición prolongada a la violencia, ausencia de protocolos de prevención y un acceso alarmante a armas de alto calibre.
“El video publicado siete horas antes era legible, era una señal inequívoca, y el sistema careció de ojos y de mecanismos para leerla y actuar”, señaló el representante, al subrayar la inexistencia de mecanismos efectivos de detección temprana.
Además, cuestionó que el Estado haya permitido la normalización del acceso a armamento, incluso entre menores de edad, lo que afirmó evidencia una falla estructural que rebasa cualquier responsabilidad individual.
En este contexto, Mexicanos Primero Michoacán urgió a replantear la estrategia educativa y de seguridad, al considerar insuficientes los programas contemplados en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, particularmente en su eje de educación.
Entre las exigencias destacan la implementación inmediata de atención socioemocional en todas las escuelas, protocolos de alerta temprana operativos, presupuesto etiquetado y mecanismos reales de participación ciudadana.
El organismo también advirtió que las comunidades escolares enfrentan un entorno de estrés postraumático colectivo, lo que requiere políticas públicas integrales y no acciones reactivas tras cada tragedia.
El asesinato de las docentes, concluyó, obliga a reconocer una deuda institucional con la educación y la seguridad en Michoacán, donde la violencia ya alcanzó incluso los espacios que deberían ser seguros para enseñar y aprender.
