El debate sobre la nueva iniciativa de Reforma Electoral denominada plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo generó debate en el Congreso de Michoacán, donde legisladores confrontaron posturas entre la eliminación de privilegios y las implicaciones reales de aplicar recortes al presupuesto, durante la sesión celebrada este miércoles.
Desde tribuna, la diputada de Morena, Fabiola Alanís Sámano, defendió el llamado Plan B al señalar que responde a una exigencia directa del pueblo: terminar con los excesos en el gasto público y garantizar que los recursos se destinen a la gente. “El pueblo quiere que el dinero del pueblo se gaste en el pueblo”, sostuvo, al afirmar que existe una presión social creciente para erradicar privilegios en las instituciones y hacerlas más cercanas y eficientes.
La legisladora enmarcó la reforma en el proceso de la Cuarta Transformación, recordando principios históricos como la austeridad republicana y la justa medianía, y reiteró el respaldo total de su bancada a la iniciativa presidencial.
No obstante, también marcó límites al ajuste: aseguró que la transformación no puede darse a costa de los derechos laborales, por lo que garantizó que trabajadores del Congreso mantendrán sus prestaciones y antigüedad.
“Los números no cuadran”: PT advierte impacto real
Sin embargo, el respaldo no estuvo exento de cuestionamientos. El diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, advirtió que aunque su bancada votará a favor, el recorte planteado de aproximadamente 420 millones de pesos abre un escenario complejo. “El Congreso tiene un presupuesto de mil 200 millones de pesos y el mayor gasto está en el personal. Tendríamos que reducir cientos de empleados”, señaló.
El legislador cuestionó la narrativa de austeridad, al señalar que si existen excesos en el gasto público, estos también recaen en gobiernos encabezados por Morena. “Si hay lujos y excesos, entonces es Morena quien administra esos recursos”, lanzó, al sugerir que la reforma podría responder a la necesidad interna de imponer disciplina dentro del propio movimiento.
En respuesta, legisladores de Morena rechazaron las críticas y aseguraron que el objetivo no es debilitar al Congreso, sino terminar con un modelo de representación costoso y alejado de la ciudadanía.
Afirmaron que la exigencia social es clara: menos privilegios y más resultados, y defendieron que la reforma busca justamente ajustar el funcionamiento institucional a esa nueva realidad. “No nos da miedo que nos quiten privilegios, para eso llegamos”, sostuvieron desde tribuna.
Asimismo, llamaron a centrar el debate en la austeridad real y en la necesidad de hacer más eficiente el uso del recurso público, sin afectar a quienes menos tienen.
