Michoacán se convirtió en el segundo estado del país, luego de Tlaxcala en prohibir la contratación de deuda que exceda una administración estatal, una vez que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó el decreto con la reforma al artículo 44 de la Constitución Política del Estado, tras lograr la votación prácticamente unánime del Poder Legislativo y luego de 64 ayuntamientos.
Al evento asistieron coordinadores parlamentarios de prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, salvo Movimiento Ciudadano y el Movimiento de El Sombrero; representantes de ediles y funcionarios.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que la modificación es respuesta a una problemática que arrastró Michoacán durante décadas, que atribuyó al Neoliberalismo que -aseguró- a través de la federación convenció a las administraciones estatales de que la deuda era una recomendación de calificadoras internacionales.
“Así lo marcaba el libro del neoliberalismo impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, deuda. Y así convencieron a muchos gobiernos en Michoacán porque era lo que recomendaba las calificadoras internacionales, era lo que recomendaban los gobiernos federales y que si se invertía en infraestructura se recuperaría en bienestar social. Eso no ocurrió, ocurrió todo lo contrario. La inversión que se hizo con estos 22 mil millones de pesos nunca fueron en beneficio del pueblo de Michoacán”.
Ramírez Bedolla expuso que entre 1993 y el 2021 aumentó 700% la deuda pública del estado y que, si bien su administración destinó 20 mil millones de pesos al pago de créditos, terceros institucionales y deudas en los últimos cuatro años, no se ha logrado saldarlos totalmente
Explicó, no obstante, que adoptó una política de austeridad que eliminó privilegios y fortaleció la infraestructura, en la que se han invertido cerca de 40 mil millones de pesos, sin contratar deuda, con lo que -a su decir, quedó demostrado que no hacía falta recurso sino sobraba corrupción.
“Por eso era necesario crear el mecanismo legal apropiado y permanente que protegiera el interés superior del pueblo. La prohibición constitucional de contratar deuda a largo plazo obliga a mi gobierno y a los que vengan a ser más eficientes y responsables con los patrimonios públicos. Hace 20 años Tlaxcala decidió también no contratar deuda pública en su Constitución y hoy Michoacán es el segundo estado de las 32 entidades federativas que toma esta importante decisión”.
En representación del Colegio de Economistas del estado, Rodrigo Gómez Monge consideró que aunque la deuda se ha considerado un motor del desarrollo, en estados como Michoacán es un lastre, ya que ocupa el lugar 11 como el más endeudado del país.
El especialista expuso un análisis de la deuda contratada desde 1993 hasta el 2024, ya con el gobierno bedollista; detalló que mientras en el resto de las entidades la deuda aumentó 100%, en Michoacán incrementó 700%, recursos que se destinaron mayoritariamente a cubrir el déficit estructural y gasto corriente.
“Actualmente Michoacán ocupa una tasa ponderada del 10.7% situando a nuestra entidad, como la 11 en el contexto nacional, con un plazo promedio de 16 años, nos enfrentamos a una rigidez presupuestal que limita espacio fiscal de una manera crítica”.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor consideró la reforma “un candado histórico que prohíbe al Ejecutivo contratar deuda que se deba pagar una vez concluido el sexenio”, con lo que se ataca la mala práctica “de aplazar la deuda pública” y de gobernar con dinero prestado.
