El secretario estatal de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García aclaró que el gobierno de Michoacán no solicitó la desincorporación de bienes que formaban parte del patrimonio estatal por falta de recursos, o porque exista falta de liquidez que pudiera poner en riesgo una obra, sino para hacer productivos bienes que incluso podrían generar algún problema.
“Los proyectos que al día de hoy y el de hoy que se anuncia, el Metrobús, están 100% garantizados, no hay ningún riesgo. (…) Al final tú tienes un inmueble, tú tienes algo que es de tu propiedad que no le está sacando ningún provecho, ni como dice el dicho, ni para bien ni para mal”, precisó.
Señaló que prácticamente la mitad de los inmuebles que se enajenarán con la finalidad de venderlos, ya son utilizados por particulares que tendrían “mano” en su compra.
“Entonces, en esos inmuebles se va a tener que uno por uno buscar a quienes están hoy por hoy usando, utilizando y llegar a una negociación. Si ellos tienen la disposición de comprarlos, obviamente tendrán mano, pero siempre, es bien importante que quede muy claro que siempre va a ser a valor comercial, jamás se vendería un inmueble, (…) por debajo de su valor comercial”.
El titular de la Secretaría de Finanzas, reconoció que por un error humano se incluyó un inmueble que ya se había desincorporado del patrimonio estatal en el dictamen que aprobó este miércoles el Congreso local, por lo que tras ser retirado, fueron 37 totalmente los que dejaron de ser propiedad del estado.
Aseguró que el tema no se tenia planeado y se decidió hace poco.
“Al final somos humanos y siempre puede haber errores. Fue algo que se pensó hace poco, digo, no es algo que teníamos planeado, digamos, desde el año pasado o desde el principio de la administración, como fue el tema de las obras multianuales. Si hubiera sido así, lo hubiéramos hecho desde antes. Ayer una persona me decía que quizá no era el momento”.
El funcionario explicó que los inmuebles que ocupan particulares tenían contratos “leoninos” con un arrendamiento mínimo desde hace 25 o 30 años; señaló que uno a uno, se les ofrecerá la compra del bien, pero con un valor comercial, lo que podría no convenir a los intereses del arrendatario.
Argumentó además que se optó por el avalúo catastral porque periódicamente lo actualiza cada ayuntamiento, y en el comercial, el gobierno estatal paga cerca del 1% del costo del inmueble por la valoración y tiene vigencia.
