Morelia, Michoacán.— El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, exigió la aplicación inmediata de la llamada Operación Enjambre en el municipio de Zitácuaro, al señalar que Michoacán enfrenta una estructura criminal extendida cuya “punta del panal” se localiza en ese municipio, gobernado por el alcalde José Antonio Ixtlahuac Orihuela.
En conferencia de prensa, advirtió que la agresión contra el activista Raúl Ocelot, presuntamente perpetrada por Juan de Dios, hermano del edil de Zitácuaro, se inscribe en un patrón de violencia que, afirmó, se ha repetido en el estado contra personas que denuncian públicamente vínculos entre autoridades y grupos delictivos.
“Michoacán es un gran panal que requiere de un enjambre y la punta de ese panal está en Zitácuaro, encabezada por un narco presidente municipal vinculado y haciendo negocios permanentemente con el líder del cártel delictivo de ese lugar”, acusó el dirigente priista.
El líder del PRI recordó los casos de Hipólito Mora Chávez, Carlos Manzo Rodríguez y Bernardo Bravo Manríquez, quienes denunciaron amenazas y riesgos en transmisiones públicas poco antes de ser asesinados, sin que existiera una reacción efectiva del Estado para protegerlos. Advirtió que no permitirán que ese mismo escenario se repita ahora con Raúl Ocelot.
Valencia Reyes afirmó que, pese a que ya se presentó una denuncia formal por la agresión y amenazas, las medidas de protección otorgadas resultan insuficientes, ya que dependen de corporaciones municipales en las que, dijo, no existe confianza debido a omisiones evidentes durante los hechos.
“Desde aquí hacemos responsable a la presidenta Claudia Sheinbaum de lo que le pueda pasar a nuestro compañero. No queremos que se vuelva a repetir esta historia que sistemáticamente se ha venido dando por la indolencia del gobierno”, expresó.
Durante la conferencia, el propio activista Raúl Ocelot señaló que fue agredido en un contexto de intimidación, frente a elementos policiacos que no intervinieron, por lo que la denuncia presentada incluye lesiones, amenazas, abuso de autoridad y la posible responsabilidad por omisión de los agentes presentes.
Finalmente, Guillermo Valencia anunció que solicitará un acercamiento con Fiscal Carlos Torres Piña, para exigir que se investiguen no sólo los hechos materiales, sino también las posibles redes de protección institucional, al insistir en que los señalamientos públicos constituyen una denuncia suficiente para que el Estado actúe.
