Morelia, Mich.— Tras la detención de “El Bótox”, presunto líder delincuencial que operaba en la región de Tierra Caliente, Ameli Gissel Navarro Lepe, viuda de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero asesinado en la región de Apatzingán, reconoció el trabajo institucional que derivó en esta captura, aunque subrayó que se trata únicamente de un primer paso dentro de un proceso más amplio para alcanzar justicia.
Durante su posicionamiento público, Navarro Lepe recordó la trayectoria de su esposo como defensor de derechos desde la sociedad civil, sin cargo público ni remuneración, y sostuvo que exigir derechos no debe representar un riesgo para quienes lo hacen.
Señaló que el caso de Bernardo Bravo debe analizarse con un enfoque de debida diligencia reforzada, debido al contexto de violencia estructural que enfrenta el Valle de Apatzingán.
Todos los casos que impliquen afectaciones de derechos, todos los casos penales que ocurren son importantes. Pero en el tema de activismo de derechos, sí debe haber un enfoque o una diligencia reforzada, sea en el ámbito federal o sea en el ámbito local. Claro que exijo la justicia que corresponda, la celeridad también en cuanto a las acciones, a los resultados y a ir viendo muestras de justicia”, añadió.
En ese marco, reconoció la coordinación entre autoridades federales y estatales que permitió las recientes detenciones. “Reconozco la atención y directriz de la Presidenta de la República, así como el trabajo coordinado institucional de las autoridades mexicanas por el cual han derivado en estas detenciones”, expresó.
No obstante, enfatizó que la captura del presunto responsable no significa que el caso esté resuelto. “Es un paso, porque la justicia aún no la hemos alcanzado. La detención es parte del proceso, pero no es el proceso completo ni la justicia integral que se busca”, afirmó.
Navarro Lepe señaló que, como víctima indirecta y como esposa de Bernardo Bravo, dará seguimiento puntual a las siguientes etapas del proceso legal y continuará exigiendo que las investigaciones se conduzcan con apego a los estándares legales y de derechos humanos, incluyendo el derecho a la verdad, a la memoria y a las garantías de no repetición.
Asimismo, reiteró su confianza en las instituciones, tanto locales como federales, aunque advirtió que permanecerá atenta a que las acciones subsecuentes se desarrollen con la diligencia que el caso amerita. Indicó que la actividad que realizaba su esposo no solo estaba vinculada a la producción agrícola, sino a la defensa colectiva de un gremio que sostiene la economía regional, por lo que el esclarecimiento del crimen es clave para la estabilidad social y la paz en Tierra Caliente.
