Morelia, Michoacán.— Diez regidoras y regidores del Ayuntamiento de Zacapu, pertenecientes a distintas fuerzas políticas, acudieron a presentar una queja ante el Tribunal Electoral por un presunto bloqueo institucional que, aseguran, vulnera el funcionamiento democrático del Cabildo y los derechos de representación ciudadana.
Encabezados por la regidora Carla Salceda Pimentel, los integrantes del cabildo señalaron que, pese a contar con la mayoría calificada, no se ha atendido la solicitud formal para la realización de una sesión extraordinaria, lo que calificaron como una violación a la Ley Orgánica Municipal.
“La ley es clara: cuando dos terceras partes del cabildo solicitan una sesión, ésta debe convocarse. No es una atribución discrecional, es una obligación legal”, sostuvo Salceda Pimentel al fijar el posicionamiento del grupo.
Las y los regidores advirtieron que la negativa a convocar sesión no afecta a un grupo político en particular, sino al principio de representación popular y al correcto funcionamiento del gobierno municipal, ya que impide la discusión de asuntos públicos, limita la transparencia y debilita la gobernabilidad.
En ese contexto, exigieron que el secretario del Ayuntamiento cumpla con sus atribuciones legales y garantice la legalidad institucional, independientemente de intereses o instrucciones políticas. Subrayaron que su postura no es de confrontación, sino de defensa del orden democrático.
Durante el mismo acto, la regidora Graciela Redondo Molina denunció haber sido víctima de un bloqueo sistemático en el ejercicio de su cargo desde el inicio de la administración, situación que afirmó ha escalado a violencia política y de género.
“Fui desacreditada por preguntar, por cumplir con mi responsabilidad como regidora. Se me cerraron los canales de diálogo y se me bloqueó institucionalmente”, expresó.
Redondo Molina agregó que estas prácticas derivaron incluso en el despido injustificado de asistentes como una forma de presión política, lo que calificó como un abuso de autoridad. Advirtió que la negativa a sesionar con la mayoría del cabildo representa un hecho grave y sin precedentes recientes en el municipio.
Las y los regidores, provenientes de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde y PES, coincidieron en que lo ocurrido en Zacapu no es un conflicto personal, sino un problema institucional que rompe el equilibrio de poderes y vulnera los derechos de la ciudadanía.
Finalmente, reiteraron que continuarán actuando por las vías legales e institucionales para defender la legalidad, la colegialidad del cabildo y el derecho de las y los zacapenses a un gobierno municipal que funcione conforme a la ley
