Tras 18 horas de audiencia, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra determinó la vinculación a proceso de los 8 detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez registrado el pasado primero de noviembre, en pleno centro de esa ciudad.
Vía remota, el juzgador consideró insuficientes las pruebas aportadas por los defensores para controvertir el hecho que planteó la Fiscalía General del estado (FGE) para la imputación y a las 6:01 horas de este jueves determinó vincular a proceso a Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, como presunto coautor del homicidio doloso calificado del alcalde, así como de lesiones dolosas en contra del regidor de la Sombreriza, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo y Félix N.
Jorge Armando fue el primer detenido por el homicidio del edil y presentado como uno de los presuntos autores intelectuales, responsable de coordinar el ataque contra Manzo vía un chat en teléfono celular.
De manera sorpresiva, determinó rendir su declaración durante la reanudación de la audiencia inicial, cuya primera parte se desahogó el pasado sábado, aseguró haber sido levantado, torturado, incomunicado y golpeado al momento de su detención, por elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) encapuchados.
De hecho, responsabilizó de cualquier daño que pudiera sufrir de manera personal o su familia, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En el caso de los 7 integrantes de la escolta del edil, fueron vinculados como presuntos responsables de homicidio doloso en su modalidad de “comisión por omisión”, ya que el juez consideró que aceptaron ser garantes de la integridad de Carlos Manzo, sabían de las amenazas que había en su contra y no previeron un operativo de seguridad adecuado para protegerlo.
En su resolución, explicó que el autor material Víctor Manuel N., disparó contra Manzo Rodríguez a 10 centímetros de distancia y se acreditó que algunos elementos de su guardia personal le estaban dando la espalda al momento del ataque.
La defensa presentó 25 pruebas y 2 peritos, elementos con los que pretendieron comprobar que Alejandro N, Demetrio N, Omar N, Guillermo N, Omar O. N, Monserrat y Mario no descuidaron su función y en consecuencia no habrían cometido el delito de homicidio doloso de comisión por omisión, del que se les acusa.
De acuerdo a los periciales de videos y testimonios, se explicó que los elementos que resguardaban la seguridad personal del edil, se encontraban a una distancia entre 50 centímetros y 2 metros de Carlos Manzo y de su familia; que Monserrat incluso lo cubrió con su cuerpo para tratar de evitar el ataque y sufrió un razón de bala.
El juez aclaró que la FGE no imputó ninguna acusación contra los elementos del autor material, Víctor Manuel N, un menor de 16 años, que fue abatido en el lugar, por lo que su caso se sigue exclusivamente por el asesinato del alcalde de la Sombreriza.
Defensores presentaron videos y fotografías, que no pudieron ver los periodistas que atestiguaron el desarrollo de la audiencia, con las que argumentaron que el autor material nunca bajó las manos y no se rindió, como se ha señalado, por lo que representaba un riesgo para miles de personas.
Dentro de la audiencia hubo dos puntos relevantes que llamaron la atención de los asistentes; el primero se refiere a lo declarado por una testigo, que aseguró conocer de un mensaje enviado vía WhatsApp, en el que se señaló que lo ocurrido con Carlos Manzo fue orquestado por Andrés Manuel López Obrador.
También precisó que previo al homicidio, el dirigente priista Guillermo Valencia Reyes y su hermano René sostuvieron una reunión con un líder delincuencial conocido como el Abuelo Farías; se dijo que aunque el crimen no lo pidió el estado “la principal orquestadora fue Claudia Sheinbaum Pardo”.
El juez aclaró que este testimonio no tendrá ningún valor probatorio, pero dejó para el momento procesal oportuno los resultados de un perito en criminalística, presentado como consultor externo de la FGE, que expuso presunta evidencia de que durante los hechos donde fue asesinado el edil de Uruapan, “hubo la intervención de dos armas de fuego, es decir, hubo dos tiradores”.
El señalamiento del juzgador causó sorpresa entre los asistentes a la audiencia, ya que la Fiscalía General del estado desacreditó durante cerca de 2 horas los datos expuestos, debido a que el criminalista no acreditó documentalmente la experiencia que dijo tener, además de reconocer que hizo el estudio a partir de fotografías de las ballas y la pistola.
Tras la vinculación a proceso, el juez determinó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria y un máximo de dos años para desarrollar el proceso; en tanto, “El Licenciado” permanecerá recluido en el Centro Federal “El Altiplano”, en el Estado de México y
