Morelia, Michoacán.-El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció que el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Seguridad corre el riesgo de convertirse en un nuevo acto de simulación del gobierno federal, al no haber convocado a las comunidades indígenas a un proceso real de consulta.
El vocero del consejo, Pável Uliánov Guzmán Macario advirtió que hasta el momento ninguna de las más de 80 comunidades que integran esta organización ha sido invitada o consultada, a pesar de que el gobierno federal se comprometió a hacerlo.
“Le tomamos la palabra al gobierno federal, pero hasta el día de hoy no ha consultado, no ha convocado a ninguna autoridad. No queremos más simulación. Ya hubo simulación con el Plan de Justicia Purépecha, al que ni siquiera se le asignó presupuesto”, señaló.
Guzmán Macario advirtió que de no haber diálogo antes del fin de semana, las comunidades iniciarán movilizaciones y toma de carreteras a partir del lunes próximo, como parte de un acuerdo general del Consejo.
“Si el día de mañana no nos convocan, nos vamos a movilizar en todo el estado. No queremos otro virreinato ni un plan impuesto como los que ya ha tenido Michoacán. Queremos que se escuche a los pueblos”, advirtió.
El dirigente señaló que la falta de consulta es una muestra más de la crisis de derechos humanos, inseguridad y violencia que enfrenta el país, donde los pueblos originarios han sido víctimas históricas de represión y abandono.
“Los pueblos indígenas estamos cansados de tanta violencia. En los últimos 20 años han sido asesinadas casi 500 mil personas, más de 138 mil desaparecidas, y 28 mil desplazadas. Desde 1974, más de 70 comuneros, comuneras y autoridades indígenas han sido asesinados por defender sus bosques y territorios”, detalló.
El CSIM exigió tres acciones concretas al gobierno federal dentro del plan Michoacán:
- La creación de una Comisión de Verdad y Justicia para los desaparecidos, asesinados y encarcelados indígenas.
- El reconocimiento legal y el fortalecimiento de las rondas comunales, muchas de las cuales dijo no están armadas ni equipadas.
- Garantizar justicia social básica, comenzando con el acceso al agua potable, un servicio que aún carece el 20% de las comunidades indígenas del estado.
Además, recordó que el movimiento indígena mantiene su exigencia de justicia para el edil asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y demandó que los crímenes contra líderes comunitarios no queden impunes.
