Por votación unánime, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la determinación del magistrado Gilberto Bribiesca Vázquez, de disminuir a 42 años y 6 meses la sentencia máxima de 50 años de prisión impuesta a Diego Urik Mañón Melgoza, por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, cometido en septiembre del 2020.
Aunque transcurrió más de 1 año y 4 meses para que se diera trámite al Amparo Directo que tocó resolver a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el Máximo Tribunal amparó a la familia de la joven maestra y consideró erróneo considerar el derecho a la reinserción social del imputado, como un elemento para determinar la gravedad del delito y determinar la sentencia, como confirmó el Tribunal Colegiado en abril del 2024.
La ponente expuso que la individualización de la pena no debe considerar el derecho a la reinserción social como un elemento objetivo, sino el contexto de violencia que imperó al privar de la vida a Jessica.
“La reinserción social no es un factor de las y los juzgadores deben atender a efecto de individualizar la sanción penal, lo que incluye la determinación del grado de culpabilidad, con base en lo anterior se considera erróneo que el Tribunal Colegiado avalara el derecho a la reinserción social se tratara como un parámetro objetivo para individualizar la pena de sanción impuesta. Dicha autoridad debió cerciorarse que la conducta que sancionará en su justa medida, atendiendo al contexto de violencia que imperó para que el ilícito fuera cometido”.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa llamó a no olvidar que Jessica, era una mujer comprometida con la educación, cercana a su madre Verónica y su papá Martín, así como a sus hermanos Cristo y Adrián; advirtió el incremento de los feminicidios que han convertido a Latinoamérica en la zona más letal para las mujeres en todo el planeta.
Criticó la falta de perspectiva de género y de protección de las víctimas en que incurrieron los tribunales locales y se pronunció por revisar su actuación.
“El primer reproche jurídico que se debe hacer a la sentencia de apelación local y al tribunal colegiado de circuito que conocieron de las apelaciones del imputado en este caso, es la falta de perspectiva de género y de protección de las víctimas que se empleó por la jurisdicción al resolver este asunto. No se trata de un expediente de una causa penal más, todo lo contrario, en esta sentencia, las personas juzgadoras en lo individual, y los tribunales en lo institucional, debemos hablar en nombre de cientos de mil es de mujeres que a diario son violentados, vejadas y discriminadas”.
En presencia de la señora Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de la víctima, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortíz se refirió a la violencia con que se cometió el feminicidio de Jessica, para pronunciarse también a favor de revisar la actuación de las autoridades que determinaron disminuir la pena.
Sin embargo, aclaró que no debe considerarse un mandato de la Corte, el que se dicte la máxima pena en todos los casos de feminicidio.
“No se lea como un mandato de la corte que en todos los casos se tenga que ir a la pena máxima o de suyo ir hacia las agravantes o la penalidad mayor que establece el legislador, en este caso hay demasiados elementos de prueba, que pueden sustentar una pena distinta a la que se estableció en la pena impugnada, los elementos lo ameritan, de una manera u otra, la Suprema Corte también está obligada a las circunstancias.”
A partir de la resolución judicial, la SCJN ordenó emitir una nueva sentencia que cumpla con los criterios constitucionales y con el principio de proporcionalidad en casos de violencia feminicida.
El amparo directo fue elaborado por Lorena Bedolla Ponce, quien fue asesora victimal de la familia de Jessica a lo largo de todo el proceso judicial, mientras que el pasado 17 de septiembre, el fiscal Carlos Torres Piña y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos humanos (CEDH) Josué Mejía, presentaron un Amicus Curie para exigir a la Corte no minimice la gravedad del feminicidio.
