Morelia, Mich.— A un año de que el Congreso de Michoacán despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, colectivas feministas señalaron que el acceso a este derecho sigue siendo limitado, especialmente fuera de la capital del estado, debido a la falta de infraestructura, personal capacitado y políticas públicas efectivas.
En un pronunciamiento dirigido al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, la Asamblea de Mujeres de Michoacán recordó que la despenalización ocurrió “17 años después de que se aprobara en la Ciudad de México y cinco años después de Oaxaca”, pero que su aplicación “sigue siendo un derecho poco accesible para las mujeres y personas con capacidad de gestar en el estado”.
Las activistas denunciaron que, pese a los avances legales, muchas mujeres aún deben trasladarse a la capital para acceder a servicios de interrupción del embarazo, lo cual representa una barrera económica y geográfica. “La opción de trasladarse a la capital para una interrupción hasta las 12 semanas no tiene una base médica que lo amerite. Entonces, ¿por qué no se puede atender una interrupción de 12 semanas en hospitales fuera de la capital?”, cuestionaron.
Además, señalaron que la línea de atención 075, habilitada para orientar sobre el aborto, no siempre brinda acompañamiento real ni información precisa sobre los hospitales que ofrecen el servicio. En algunos casos, afirmaron, el personal de salud mantiene posturas estigmatizantes que terminan desalentando a las mujeres.
Una integrante de la colectiva explicó que, en varios hospitales regionales, “la información que se brinda no es oportuna, no es laica, no es científica y el trato termina revictimizando a las mujeres que quieren acceder al aborto y terminan no haciéndolo”. Agregó que la falta de personal y de medicamentos, como el misoprostol, demuestra que “no hay condiciones suficientes para que se puedan practicar los abortos” en todo el territorio.
También criticaron la falta de presupuesto y de acciones integrales para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo. “Es una grosería que un gobierno se pronuncie como aliado de las mujeres y comunidades cuando solo agrega mujeres, comunidades rurales e indígenas a sus discursos y a sus fotos, pero no a los presupuestos de salud”, denunciaron las activistas.
Las colectivas exigieron que el presupuesto de 2026 contemple una partida específica para fortalecer la atención médica, la capacitación del personal y la descentralización del servicio en todo el estado, con el fin de hacer efectivo el derecho conquistado.
