Apatzingán, Mich.-Productores de limón en el Valle de Apatzingán recibieron con escepticismo el arranque de la estrategia nacional contra la extorsión, impulsada por el Gobierno de México. Aunque reconocieron la presencia de autoridades federales en el tianguis limonero, denunciaron que los cobros ilegales continúan y temen represalias por denunciar.
En voz baja y sin permitir que se graben sus rostros ni sus voces, algunos limoneros revelaron que el pago por la fruta ha bajado hasta los siete pesos por kilo, de los cuales deben entregar dos pesos a integrantes del crimen organizado. “De eso solamente recibimos cinco pesos”, compartió uno de ellos.
Pese al anuncio oficial, los productores aseguran que la extorsión no ha cesado. “Las cuotas siguen. Dicen que no están aquí, pero andan en los alrededores”, relató otro agricultor. Añadió que incluso su negocio familiar ha sido presionado por los grupos delincuenciales: “Tengo una tienda de abarrotes y si no compro con el proveedor que ellos dicen, me empiezan a querer fregar”.
Algunos relataron experiencias recientes de impunidad. Un productor denunció que, tras el robo de una camioneta por parte de un grupo armado en la zona de Lázaro Cárdenas, las autoridades le exigieron 15 mil pesos para recuperar el vehículo. El presunto responsable fue liberado y posteriormente lo amenazó con represalias. “Te tengo bien ubicado”, le dijo su agresor.
Ante este panorama, esta semana se dio el banderazo de salida a la estrategia nacional contra la extorsión desde Michoacán, uno de los ocho estados prioritarios, junto con Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero. En conjunto, estas entidades concentran el 66% de los casos registrados en el país, de acuerdo con cifras oficiales.
El acto protocolario fue encabezado por autoridades federales, como el director general de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfredo Almora García. No obstante, destacaron las ausencias de los funcionarios estatales de mayor jerarquía, como el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quienes no acudieron al evento.
Durante su participación, Almora García señaló que la estrategia no solo se enfoca en atender las denuncias, sino en desarticular las finanzas de las organizaciones criminales.
“Se pretende atacar esos recursos, esas cuentas, asegurarlas… pero para eso es muy importante la denuncia”, subrayó. “Si hay víctimas con denuncias formales, en algún momento podrían incluso recuperar lo que perdieron si se logran asegurar bienes y cuentas de las organizaciones”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, expresó su respaldo a las acciones del Gobierno federal, aunque reconoció la gravedad de la situación:
“El Valle de Apatzingán es el principal proveedor de limón mexicano y la extorsión ha dejado un desastre en la región, sobre todo para los que menos tienen”, afirmó. “Todos los ciudadanos queremos fortalecer el Estado de Derecho, y si queremos que eso se logre, debe ser de la mano con las instituciones”.
Bravo Manríquez ofreció a las autoridades terrenos y viviendas en Apatzingán para que instalen un centro operativo y trabajen desde el corazón de la región limonera. “Estamos decididos a poner de nuestra parte. Que se acerquen, nosotros les buscamos una casa con todas las instalaciones para que vivan y trabajen aquí”.
En el lugar se instalaron módulos de atención, personal de la Guardia Nacional se quedó en el tianguis limonero de Apatzingán para brindar información a los productores.
