El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se declaró sin competencia legal para resolver la queja por violencia política en razón de género, discurso de odio y ataques al honor que presentó la coordinadora de los diputados locales de Morena, Fabiola Alanís Sámano, contra su compañero de bancada, Juan Carlos Barragán Vélez, el pasado 18 de junio.
En la resolución, la Secretaría Ejecutiva del IEM estableció que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que debe ser “el Congreso del estado la autoridad competente para conocer y resolver las conductas o manifestaciones tachadas como violencia política en razón de género, en contra de las diputadas”.
En consecuencia, consideró que corresponde a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, conocer y dictaminar los asuntos relativos a la discriminación o maltrato de una mujer por raza, edad, ideología política, creencia religiosa, preferencias o situaciones socioeconómicas.
Ante el pleno, Alanís Sámano refirió a la resolución y llamó a los integrantes del IEM a que se actualicen y revisen la normatividad, segura de que les corresponde resolver la queja.
“Desde aquí les decimos a los integrantes del IEM, que es importante que se actualicen y que revisen la normatividad de su órgano, o hay que informarles que sí pueden hacer, hay que recordarles desde 1993, fecha en que se realizó el programa de Viena, que la violencia en contra de las mujeres no es de manera individual o personal, o familiar, es del ámbito público y corresponde al Estado atender este tipo de conductas y les decimos que hay sendas recomendaciones que hay protocolos específicos para atender las violencias políticas en razón de género”.
En entrevista, Alanís Sámano calificó como un error la resolución del IEM al asegurar que cualquier tipo de violencia no debe resolverse en lo privado sino que corresponde atenderlo al Estado, para que “ningún caso quede en la impunidad”.
Aunque insistió en que existen recomendaciones de convenciones como la de Belén do Pará que debieron guiar la resolución del IEM, la coordinadora parlamentaria reconoció que el Congreso del estado debe impulsar una reforma que le otorgue la facultad legal para resolver la violencia política en razón de género, al precisar que el recinto legislativo en un espacio público y político, de tal manera que lo que ahí ocurre no debe resolverse de manera interna.
“Cualquier tipo de violencia que afecte a las mujeres no puede quedar, es incorrecto que quede en el ámbito privado o familiar, es un asunto de Estado. (…) Yo creo que es importante que actualicen sus argumentos, primero sin perspectiva de género y luego utilizando los mismos para desechar la denuncia de otra diputado, yo creo que son bien intencionados, pero sí es un error y debemos garantizar que ningún caso quede en la impunidad”.
Sin definir todavía si impugnará la resolución el IEM detalló que también deben “hacer” que funcione la Unidad de Género al interior del Poder Legislativo para que atienda “este tipo de casos”.
La situación que provocó la denuncia de Fabiola Alanís se registró durante la sesión del 17 de junio cuando el pleno discutía la designación de la condecoración al mérito docente, cuando Fabiola Alanís llamó a Barragán Vélez a que acudiera a las reuniones del grupo parlamentario para conocer de los temas a tratar y en respuesta, el legislador la consideró “descoordinadora” y homologó su actuar con el de la chimoltrufia.
