Con siete votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Congreso de Michoacán aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que regula la Reforma Constitucional que estableció la elección de jueces y magistrados por el voto popular, pero que además modificó su conformación.
La nueva legislación que votaron a favor 30 diputados de Morena, PT, PRD, Partido Verde Ecologista y la Representación Parlamentaria, establece de manera detallada la estructura, composición, atribuciones y obligaciones de cada uno de los órganos que lo integran: El Tribunal de Justicia del Estado; un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de Administración Judicial que sustituyen al actual Consejo del Poder Judicial, además de los juzgados de primera instancia, menores y comunales.
Ante el pleno, solo el diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa se manifestó preocupado por el poco tiempo que tuvieron para analizar el dictamen que requirió de prácticamente 5 horas de lectura en el pleno para que se conocieran sus 331 artículos y 20 transitorios.
Advirtió que el documento se les entregó con solo 48 horas de antelación, pese a lo que representa el nuevo marco jurídico para el estado.
“Una iniciativa que toca la vida no solo de las personas juzgadoras, sino de los trabajadores del Poder Judicial, de los equilibrios en el estado y la impartición de justicia, y por ende la vida de tantas michoacanas y michoacanos, y que vaya a pasar como un mero trámite de lo que vamos a votar, sin conciencia de lo que lleva la ley”.
Ante su crítica, el legislador fue reconvenido por el priista Guillermo Valencia Reyes, quien le recordó que no había asumido el cargo cuando el Congreso discutió la Reforma Judicial, y aseguró que otros legisladores sí dieron la batalla.
“Que el debate parlamentario que se dio en el momento que desafortunadamente se votó la Reforma al Poder Judicial no estuvo presente y por lo tanto no puede opinar en función de quienes debatimos en ese momento, pero me hubiera gustado que estuviera, porque quizá hubiera tenido un papel más protagónico que quien estuvo en su momento”.
El petista, Baltazar Gaona García le recordó que el documento se trabajó en comisiones durante 120 días y le reprochó que no haya asistido para conocerlo, mientras la diputada de Morena Anabeth Franco Carrizales quien se ausentó durante toda la lectura y tenía escasos minutos en el pleno, felicitó a la comisión de Justicia, que ella encabeza, por su trabajo.
“Antes de decir mi voto quisiera felicitar a la comisión de Justicia, por si notaron nos llevamos varias horas en la lectura, fue un gran esfuerzo que hizo la comisión y por ende de la mano del Poder Judicial”.
Legisladores realizaron cinco reservas al documento que se aprobaron, mientras el exmagistrado, Juan Antonio Magaña de la Mora hizo una observación, pero voto a favor.
“Quisiera llamar la atención de este pleno para el efecto de que algunas consideraciones, como la del transitorio vigésimo que habla de pagar una indemnización con recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, recordar que existe una ley especial para el Fondo, que señala cómo debe hacerse y las disposiciones del Fondo Auxiliar, me parece que puede caminar así, solo tener en la red esto para no provocar antinomias”.
En la Ley Orgánica se establece que la presidencia del Tribunal de Justicia será electa por la mayoría de los magistrados que integran el Poder Judicial cada tres años.
En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, se renovará cada dos años, el tercer jueves de septiembre, en función del número de votos que haya obtenido cada candidatura en la elección respectiva.
Se prevé la integración de una comisión de Transición que comenzará a operar al día siguiente en que se publique la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y cuyo objetivo será precisamente adelantar los trabajos de entrega-recepción, así como todos aquellos que se susciten y sean necesarios para que el 15 de septiembre esté en condiciones de seguir ejerciendo sus funciones sin contratiempos.
