Morelia, Mich.- Comunidades indígenas de Opopeo, Zirahuén, Chapa Nuevo y Villa Escalante, anunciaron una alianza para defender sus derechos colectivos ante una serie de irregularidades atribuidas al Ayuntamiento de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza.
Al emitir un posicionamiento público, Pável Uliánov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), señaló que las comunidades han decidido organizarse y actuar de manera conjunta frente a lo que consideran una escalada de actos autoritarios, amenazas y desinformación desde la administración municipal.
Entre las principales denuncias se encuentra el caso de Chapa Nuevo, que fue declarado de forma arbitraria como encargatura del orden dependiente de Zirahuén, a pesar de ser históricamente una comunidad independiente. Según el CSIM, esta acción busca obstaculizar su proceso de consulta para el autogobierno.
“Hay una unión histórica de las comunidades indígenas de Salvador Escalante. Se unieron las comunidades de Opopeo, de Zirahuén, de Chapa Nuevo y de la comunidad indígena de Villa Escalante. Ese es el primer objetivo que por primera vez en mucho tiempo se unieron para trabajar de manera conjunta, se unieron para defender sus derechos colectivos. El segundo es dar a conocer una serie de irregularidades que está haciendo el ayuntamiento con las comunidades. En el caso de Chapa Nuevo lo nombró arbitrariamente como encargatura del orden del Zirahuén, cuando en toda su historia nunca ha sido encargatura dependiente, sino independiente. Y eso con el objetivo de detener el proceso de consulta para su autogobierno”, dijo.
En Opopeo, se denunciaron irregularidades en la elección del jefe de tenencia, con intentos de imponer a un perfil vinculado al partido de la alcaldesa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya ordenó reponer el proceso.
“En el caso de Opopeo cometió muchas irregularidades en la elección de jefe de tenencia para tratar de imponer a alguien de su partido. y ahí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se repusiera, entonces este se cometieron varias irregularidades afortunadamente quedaron que están a favor del autogobierno”, añadió.
Asimismo, se acusó a la presidenta municipal de intentar apropiarse del presupuesto destinado a las comunidades, como el Fondo de Apoyo a la Infraestructura y los Servicios Públicos para los Pueblos Indígenas (FASPIAM). Este fondo, explicaron, debe ser asignado mediante asamblea comunitaria, sin embargo, la alcaldesa busca destinarlo de forma unilateral para obras no autorizadas por las comunidades.
También se reportaron amenazas directas a integrantes de las comunidades y campañas de desinformación que buscan desalentar el ejercicio del autogobierno, alegando que se perderían servicios como salud, educación y apoyos gubernamentales, lo cual fue desmentido por el CSIM.
Las comunidades han interpuesto amparos y recursos legales ante el Tribunal Electoral local y federal, y están a la espera de resoluciones en las primeras semanas tras el periodo vacacional. Advirtieron que, de no obtener respuestas favorables, iniciarán acciones más amplias, primero en el municipio y, de ser necesario, en coordinación con el Consejo Supremo a nivel estatal.
