Morelia, Mich.– Un conflicto legal y territorial afecta a los habitantes de varias comunidades ejidales de Michoacán, que se encuentran en disputa con la empresa Kansas City Southern y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debido a lo que consideran una invasión de sus terrenos.
Los habitantes que se manifestaron este martes frente de las oficinas de la delegación estatal que dirige Antonio Godoy González Vélez, explicaron que la disputa surgió en las comunidades de Higuerilla de Contepec y Apeo de Maravatío por la concesión otorgada a la empresa ferroviaria para el uso de la vía del tren, la cual afecta directamente a viviendas y terrenos pertenecientes a los habitantes de la región.
Según Valente Álvarez Reyes, director del corporativo jurídico encargado de la defensa de las personas afectadas, la Fiscalía General de la República (FGR) en Zitácuaro ha formulado una imputación en contra de los ejidatarios por un supuesto uso y aprovechamiento ilegal de las vías de comunicación. Sin embargo, la defensa sostiene que no existe ningún documento oficial ni de la SCT ni de Kansas City que respalde la legalidad de las acciones que se están tomando.
En cambio, los ejidatarios afirman que cuentan con una resolución presidencial que data de 1934 y que les otorga los derechos sobre sus tierras, sin ninguna limitación que justifique la ocupación de los terrenos para la vía ferroviaria.
“Les está imputando un hecho delictuoso considerado como uso y aprovechamiento de las vías de comunicación. El argumento principal va encaminado en el sentido de que ellos están invadiendo un derecho de vía, sin embargo, no se tiene ninguna resolución presidencial no se tiene ningún decreto no se tiene ningún documento, no se tiene ningún por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni por parte de la empresa Kansas City, que es la concesionada para explotar la vía del ferrocarril, que justifiquen la legalidad de las acciones que están tomando”, describió.
El conflicto se intensificó en 1996, cuando la SCT emitió una carta que establece un límite de 20 metros alrededor de las vías del tren. No obstante, los ejidatarios sostienen que este decreto es posterior a la resolución presidencial que les otorgó derechos sobre esos terrenos, por lo que no debería aplicarse retroactivamente.
Ante esto, el equipo legal de los afectados se prepara para interponer un juicio de nulidad, buscando invalidar tanto el decreto de la SCT como la concesión otorgada a Kansas City, argumentando que estas acciones son ilegales y afectan los derechos de los ejidatarios.
Los habitantes afectados denuncian constantes amenazas e intimidaciones. “Nos acusan de invadir cinco metros de terreno, pero el decreto presidencial original establece un límite de 30 metros, 15 metros para cada lado de la vía”, señala Enrique Miranda Martínez, uno de los afectados. Aseguraa que la empresa ferroviaria ha comenzado a reclamar un espacio adicional de 5 metros bajo un proyecto que, afirman, nunca ha sido debidamente explicado.
En total, cerca de 40 viviendas se verían afectadas por la disputa. Los habitantes denuncian que han sido amenazados con multas de hasta 25 mil pesos y con el uso de maquinaria para destruir sus hogares si no desocupan el área. Muchos de ellos, dedicados al campo, se ven en una situación de vulnerabilidad económica, ya que no cuentan con los recursos para hacer frente a las amenazas.
Los ejidatarios han solicitado formalmente a la SCT que proceda a la cancelación de la concesión otorgada a Kansas City, pero ante la falta de respuesta, se alistan para llevar el caso ante los tribunales federales de justicia administrativa. Aunque insisten en que no se oponen al progreso y a la infraestructura, afirman que no permitirán que se les despoje de sus tierras de manera ilegal.
