El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles estaría prófugo de la justicia, tras la orden de aprehensión que se dictó en su contra y de otros integrantes de su administración por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, reveló el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza las pesquisas por varios estados del país, luego de que una jueza de la Ciudad de México emitió la orden de aprehensión, ante las anomalías que se detectaron en 3 mil 468 millones de pesos ejercidos en la construcción de 7 cuarteles de seguridad.
“La situación jurídica en este momento es que está prófugo, prófugo de la justicia, si tenemos información de la Fiscalía General de la República que sí anda huyendo, la FGR está haciendo ahora que sí la investigación, la cumplimentación en varios estados del país, incluyendo Michoacán, no se puede brindar mayor información. Lo que sí es certero es que sí hay una orden de aprehensión por varios delitos.
La secretaria de la Contraloría del gobierno estatal, Azucena Marín Correa puntualizó que se detectó la compra “a sobreprecio” de siete cuarteles de la Policía Michoacán, pero además que habían “sido arrendados, modificados y se pagaba mantenimiento” por casi 5 mil millones de pesos, de los cuales, se comprobó que 3 mil 468 mdp eran “de procedencia irregular”.
Explicó que las contrataciones se realizaron por adjudicación directa a la inmobiliaria DIF, durante 2016 y 2017, pese a que la empresa no logró comprobar la propiedad de los predios donde se construyeron los inmuebles.
Marín Correa, informó que se acreditó que los pagos se dispersaron el 28 de septiembre del 2021, dos días antes del relevo con la administración de Alfredo Ramírez, “y se trataron de protocolizar las compras-ventas en una Notaría de la Ciudad de México”.
Señaló que la auditoría a los cuarteles se inició en noviembre del 2021 y contrario a lugares para el servicio de policías, encontraron “espacios lujosos y blindados de muchísima gama”, por lo que en febrero del siguiente año presentaron la denuncia ante la FGR, además de instalar mesas de trabajos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y fiscalías especializadas,
La funcionaria explicó que derivado de las investigaciones en 2024 se logró el aseguramiento precautorio de los 7 cuarteles, además de la reparación del daño por 970 millones 976 mil pesos a favor del gobierno estatal y ahora la aprehensión de los exfuncionarios.
“En febrero del 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó la carpeta por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, como resultado de ello, la juez federal dictó órdenes de aprehensión en contra de varios funcionarios públicos como presuntos implicados, ya saben ustedes, Carlos (Maldonado Mendoza), exsecretario de Finanzas; Antonio (Bernal Bustamante), exsecretario de Seguridad Pública; Elizabeth , exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Mario , exdelegado administrativo en ese momento de la Secretaría de Seguridad Pública”.
Precisó que además en 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó un reporte por daño de 1 mil 052 millones de pesos, lo que se acumuló a lo denunciado por el gobierno de Michoacán
