La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) heredó un adeudo de casi 2 mil millones de pesos del arrendamiento de helicópteros y patrullas que se realizó durante el gobierno que encabezó el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Oseguera Cortés a diputados locales.
Señaló que durante 2024 tuvieron que pagar 1 mil 200 millones de pesos por ese concepto y para 2025 prevén pagar otros 700 millones, que pudieran destinarse a reforzar el equipamiento de las corporaciones policiacas o a los ayuntamientos.
“Dos adeudos que nos dejó la administración anterior, (…) solo es la deuda que nos dejaron, 1 mil 200 millones de pesos se pagaron ese año y 700 para el año que viene, que pudiéramos bien estar invirtiendo en seguridad pública, pero que tenemos que estar pagando este día de hoy”.
Ante integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, precisó que esos helicópteros ya no se usan y los que se tienen actualmente “son propios”.
Como se ha informado, el 21 de octubre del 2021, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y el entonces titular de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes señalaron que durante la anterior administración solo por la renta de 6 helicópteros y 1 avión sigiloso, se erogaron más de 1 mil 277 millones de pesos,
Se precisó que incluso eran utilizados para asuntos personales y familiares de ex funcionarios.
En su momento, se señaló que el contrato se firmó con la empresa FLYSERVICES en 2015, para usar las aeronaves en misiones de logística, vigilancia, búsqueda y rescate, así como de transporte de funcionarios, pese a que la empresa se creó 15 días antes.
De acuerdo a los reportes oficiales, el contrato establecía que las 7 aeronaves rentadas solo podían tener 50 horas efectivas de vuelo al mes, lo que obligaba al gobierno a pagar las horas extras, además de los gastos de reparación y daños; incluso se comprometía a pagar el costo total en caso de pérdida, robo, confiscación o expropiación total
Entonces se informó que se esperaría a que concluyera la entrega-recepción para iniciar los procedimientos administrativos o penales correspondientes, pero se desconoce si efectivamente se actuó en consecuencia.
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