Pese a reconocer que no hubo una consulta entre las comunidades originarias del estado para la dictaminación de la Reforma Constitucional Indígena, el representante del Frente por la Autonomía de los Consejos y Comunidades Indígenas, Orlando Aragón Andrade aclaró que en el texto se consideraron las propuestas de 30 localidades con autogobierno y otras 24 sin autogobierno.
Señaló que se entregó una iniciativa al Congreso local y luego el gobernador Alfredo Ramírez retomó sus planteamientos en la modificación a la Carta Magna que envió al Legislativo, por lo que descartó que la propuesta se haya diseñado en “el escritorio del gobierno estatal”.
El abogado indígena, precisó que el derecho a la consulta puede entenderse de diferente manera y en su caso no esperan ser consultados sino que proponen
“El derecho a la Consulta se puede entender de diferentes maneras y el derecho a la consulta en nuestro estado y el país tiene un defecto, que si el Estado nos te consulta nada no pasa nada y en este caso, nosotros lo que hemos dicho es ‘nosotros proponemos’, no solamente nos consultan, sino como comunidades ‘esto es lo que queremos’, nos anticipamos a la consulta”.
Palacio Legislativo fue sitiado por integrantes del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, que marcharon por algunas cuadras para pronunciarse a favor del documento, sin embargo se manifestaron inconformes luego de que solo a un reducido grupo se les permitió ingresar y permanecer en el patio central.
En tanto, Orlando Aragón recordó que al resolver las controversias constitucionales en relación a la Ley Orgánica Municipal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró válidos los elementos probatorios que se presentaron para comprobar que la habían presentado cuatro comunidades y con ellos se consideró que “sí se había consultado” la legislación.
“En este caso el criterio debería de ser el mismo”, anticipó, ante la posibilidad de que inconformes con la Reforma pudieran acudir al Poder Judicial Federal.
De hecho, aseguró que pese a la aprobación de la Reforma quedan libre el derecho de las comunidades inconformes para recurrir ante la Suprema Corte, que finalmente resolverá cada caso.
