Con tres votos en contra de diputados del PAN que acusaron “solo un cambio de nombre” y una serie de inconsistencias en el dictamen, el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas a la Constitución Política del estado que propuso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para crear el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa, que sustituirá al Tribunal de Justicia Administrativa, que estaba en operación desde 2008
Además del nuevo de nombre, los cambios fundamentales se encuentran en que no habrá 2 salas que se especialicen en materia anticorrupçión como en la actualidad, sino que las 5 salas conocerán del temas anticorrupción y administrativos.
También se alargó la permanencia de los magistrados, que a partir de la entrada en vigor de la norma serán designados por 9 años con la posibilidad de reelegirse una vez, mientras que en la actualidad es de 5 años con la posibilidad de reelegirse 2 veces.
En la tribuna legislativa, la diputada local Vanessa Caratachea Sánchez criticó que en una presunta búsqueda de fortalecer a este órgano que ayuda a los ciudadanos mediante la defensoría jurídica frente a los actos de autoridad, se estableció que la elección de los magistrados integrantes de este tribunal la haga el propio Congreso y no por el voto popular, como se hizo para el resto de los juzgadores.
“Decían que antes los magistrados se querían perpetuar en el poder y lo que hoy proponen es prolongar su duración por 9 años con posibilidad de reelección, es algo que nos debe de inquietar, porque dos terceras partes de los presentes en el pleno serán quienes designen, por lo cual esto debe obedecer a un tema técnico y jurídico, dejado de lado los acuerdos políticos. La elección de los magistrados no es por voto popular ni por insaculación”.
Advirtió que al dejar 90 días para la adecuación del Código de Justicia Administrativa se dejará “un limbo jurídico”, por lo que no se tienen claros los alcances que tendrían las reformas constitucionales.
Sin más intervenciones, la diputada local de Morena, Sandra Olimpia Garibay Esquivel propuso puntualizar que un magistrado podrá reelegirse en el cargo solo una ocasión, ya que en la iniciativa solo establecía que duraría en el cargo 9 años, con posibilidad de reelegirse.
“La no relección establece un límite a los mandatos permitiendo que no se perpetúen en el poder, es importante precisar el número de ocasiones en que una magistrada o un magistrado tiene oportunidad de reelegirse para evitar interpretaciones erróneas, no está demás decir que será por única ocasión y no dar pie en el texto normativo a futuros problemas”.
Al ser la única modificación a la iniciativa gubernamental, la propuesta causó nerviosismo e incertidumbre a los diputados de Morena y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que tardaron al menos 2 minutos en reaccionar y comenzar a votar.
Finalmente, el cambio fue aceptado con 27 votos a favor y 4 abstenciones.
Con la entrada en vigor del dictamen, el Congreso tendrá 120 días hábiles para iniciar el proceso de designación de los nuevos magistrados del Tribunal Anticorrupción y una vez que sean designados, dejarán de tener efecto los nombramientos de los actuales.
En consecuencia, el pleno del Tribunal deberá emitir un programa para realizar las liquidaciones correspondientes, conforme al tiempo restante de cada magistrado y la suficiencia presupuestal.
