Morelia, Michoacán.- La comunidad de San Miguel del Monte, tenencia de Morelia ubicada al sur del municipio, acordó negar la entrada a dependencias gubernamentales, según lo que establece un comunicado circulado entre habitantes, con un presunto sello del Comité de Agua Potable y de Jueces de Tenencia.
El documento argumenta que la decisión fue tomada frente a un presunto “hostigamiento” de la Fiscalía General de República (FGR), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el jefe de la Tenencia, Leopoldo Campuzano Tinoco, a los que califica como “coludidos” contra las luchas de la comunidad por el agua y su gobierno autónomo como comunidad pirinda o matlatzinca.
“Habitantes de San Miguel del Monte, debido al hostigamiento por parte de la Fiscalía General de la República, CONAGUA y Jefe de Tenencia, todos estos coludidos, nos vemos en la necesidad de cerrar los accesos de la comunidad por tiempo indefinido”, se lee en el archivo impreso con el sello de las autoridades elegidas por el pueblo.
La medida, adelanta, se mantendrá mientras no dejen de “cortar el suministro de agua”, de “extorsionar y amenazar a la población por motivos de lucha por sus derechos” y “exista la completa seguridad de que su [sic] comunidad no sea molestada por estas dependencias”, dice el comunicado a la letra.
No obstante, aclara que la ciudadanía en general es bienvenida “siempre y cuando mantengan el orden y respeto hacia este movimiento”, por lo que la restricción solamente aplicaría para las “dependencias gubernamentales”, de las cuales esperarían disposición al diálogo.
Cabe mencionar que este jueves un grupo de comuneros bloqueó el camino a San Miguel del Monte, luego de que se desplegara un operativo de seguridad en el que participaron la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, de acuerdo con la información proporcionada –consultado al respecto– el secretario del Ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva, quien dijo desconocer más detalles.
En abril de este año cuando cientos de habitantes se movilizaron hacia el domicilio de la empresa Bicentenario, cuyo propietario, Miguel Ángel Prado, habría obtenido una concesión, emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la comercialización del manantial La Mina, de donde se abastecía la población, que actualmente dice carecer del recurso hídrico.
Desde entonces una treintena de comuneros ha pugnado por revocarla y hacer del manantial un bien comunal, sin dueños privados, así como una búsqueda para gobernarse de forma autónoma al Ayuntamiento, para tener el control de sus recursos, y para destituir a Leopoldo Campuzano Tinoco, jefe de la Tenencia y presunto compadre del empresario referido, a quien acusan de no representar los intereses de la comunidad.
